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Tlaola y las Cholulas promueven controversias contra el Plan B
Las controversias ante la SCJN se suman al recurso que promovió el ayuntamiento de Puebla contra el tope al gasto de comunicación social
Los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Tlaola promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el “Plan B” de la reforma electoral que fijó como tope de gasto el 0.1% del presupuesto a comunicación social.
Los gobiernos encabezados por los panistas Paola Angón Silva, de San Pedro Cholula; Edmundo Tlatehui Percino, de San Andrés Cholula, y Jesús Viveros Bobadilla, de Tlaola, promovieron los recursos a través de sus síndicos municipales.
Las controversias constitucionales van en contra del Congreso de la Unión y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el decreto del primer paquete del “Plan B” publicado el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los gobiernos municipales de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Tlaola se sumaron al de Puebla que también promovió un recurso en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que estableció que solo pueden destinar 0.1% del presupuesto a comunicación social.
En total se han promovido 100 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Hace unas horas se publicó el segundo paquete del “Plan B” promovido por López Obrador, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El pasado 21 de febrero, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que promovieron partidos y legisladores de oposición contra la primera parte del “Plan B”.
Además, concedió una suspensión para que las reformas no se apliquen en las elecciones del Estado de México y Coahuila, que se celebrarán el próximo 4 de junio, por considerar que la aplicación de las normas impugnadas podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.
