La ciudadanía se ha acercado a la diputada Lupita Leal a exponer sus quejas del transporte público, y la legisladora señaló que ha recibido alrededor de 100 denuncias sobre el servicio –ruta Azteca, 44-A, 45-A, 2-A, S-25, M-2–, al cual han catalogado de pésimo, pues han detectado unidades en estado deplorable, con vidrios polarizados, botones de pánico sin funcionar, transportando materiales peligrosos como tanques de gas y gasolina en garrafas dentro de las unidades, además de que los operadores conducen con exceso de velocidad y hablando por teléfono, se pasan los altos, no suben a personas de la tercera edad y, mucho menos, a discapacitados.
A pesar de esta situación, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Elsa Bracamonte González, ha permitido que continúen violentando la Ley del Transporte al seguir en circulación.
La diputada informó que durante un recorrido en la ruta 45-A se detectó que se transportaba gasolina en una garrafa y al querer realizar un reporte al 800 570 2530 la línea que se habilitó para atender denuncias ciudadanas respecto al transporte se percató de que esta no sirve, pues la llamada no entra o, simplemente, suena sin que se obtenga una respuesta por parte de algún operador.
Además, en traslados en otras rutas se detectó que el ascenso y descenso de las unidades se hace por cualquiera de las dos puertas, el botón de pánico no funciona, muchas unidades no están rotuladas con el número de unidad, el volumen de la música es muy alto, van con sobrecupo y muchos pasajeros van en los escalones de ascenso y descenso, poniéndose en riesgo.
Lupita Leal hizo un llamado enfático a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado a dar cuenta de todas las denuncias sobre el transporte público, ya que se ha detectado varias violaciones a la Ley del Transporte que fue aprobada el pasado 3 de diciembre de 2021, y meses después de su implementación, los concesionarios y operadores sigan sin conocer sus obligaciones como trabajadores del volante, sobre todo cuando sus acciones repercuten en el bienestar de los pasajeros.
La diputada agregó que entre los pendientes se encuentran la actualización de las unidades –para incluir plataformas a nivel de piso para las personas con discapacidad–, la activación de los botones de pánico, entre otras, situaciones que los concesionarios prometieron mejorar al aumentar más de dos pesos el costo del pasaje.
Para finalizar, Leal Rodríguez señaló que la dependencia no ha hecho público el número de sanciones que se ha aplicado al respecto, siendo la más fuerte la revocación de las concesiones.
En días pasados, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, Elsa Bracamonte González, confesó que 31 mil unidades (90 por ciento) del transporte público son chatarras en Puebla. También, reconoció que en los últimos meses se ha presentado una ola de accidentes viales, en donde los choferes de las rutas del transporte público se han visto inmiscuidos y donde, además de lesionados, hubo siete muertos.
