Entra en vigor decreto para que los ayuntamientos de Puebla contraten deuda

A partir de esta semana entró en vigor el decreto que autoriza a los ayuntamientos de Puebla para contratar un crédito y poder ejecutar obra social, que será considerado como deuda pública.

El Periódico Oficial del Estado (POE), en su edición del 3 de enero, publicó el documento aprobado por el Congreso de Puebla que facultó a los presidentes municipales para adquirir una línea de financiamiento.

La iniciativa propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo estableció que este crédito servirá como un adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).

Asimismo, no excederán el 25 por ciento del FAIS y las líneas de crédito deberán quedar pagadas antes de que concluyan las actuales administraciones municipales, es decir, el próximo 14 de octubre de 2024.

“Los municipios deberán destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que individualmente contraten a través del presente, única y exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, así como en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud, educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura”.

El documento refiere los montos máximos que podrán contratar cada uno de los municipios con instituciones bancarias, buscando las mejores condiciones crediticias, y en global suman una bolsa de 3 mil 235 millones 323 mil 937.57 pesos.

Puebla capital podría contratar deuda pública  

Hasta el momento, solamente el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, ha manifestado abiertamente la posibilidad de contratar una línea de crédito para cubrir el déficit financiero heredado por la pasada administración.

El edil capitalino tendrá la posibilidad de obtener financiamiento, a través de este decreto, por un monto de hasta 162 millones 032 mil 665.55 pesos para subsanar la falta de ingresos luego que le rechazaron la facultad para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).