Ciudad de México. Ante preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la conformación en México de los órganos jurisdiccionales que redunden en la fortaleza del sistema de justicia, el presidente del Senado, Roberto Gil, afirmó categóricamente que no hay ningún acuerdo de cuotas partidistas para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No existe –recalcó Gil Zuarth- ningún tipo de acuerdo que preconfigure una integración específica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado de la República, en cuanto reciba por parte del Presidente de la República las ternas correspondientes, entraremos al análisis de los perfiles con total apertura, pero sobre todo con total responsabilidad para cuidar la independencia, la autonomía de ese poder y, específicamente, del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo.
Como se sabe, este fin de año concluyen su periodo como ministros de la SCJN, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza. Toca al Presidente Enrique Peña Nieto enviar a consideración de la Cámara Alta dos ternas para que ésta determine en el pleno el binomio ministerial que irá a la Corte.
Encabezados por su presidente Rose-Marie Belle Antoine, directivos de la CIDH se reunieron la mañana de este viernes en privado con Gil Zuarth y senadores de todos los partidos a quienes les hicieron preguntas concretas sobre el fortalecimiento de los poderes judiciales, mejores condiciones de acceso a la justicia, protección de los derechos de las víctimas, desaparición forzada de personas y “la agenda pendiente en materia de tortura y otros tratos crueles e inhumanos, la problemática de la migración, desplazamientos internos, la agenda de la defensa de los intereses y derechos de la niñez”, recalcó el responsable de la Cámara Alta.
En conferencia, Roberto Gil detalló posteriormente que durante la junta se ventilaron aspectos concretos en el tema judicial y los ejecutivos de la Comisión “han hecho un planteamiento muy concreto de que debemos fortalecer a los poderes judiciales en nuestro país, como una condición necesaria para la defensa y promoción de los derechos humanos, y específicamente de los derechos de las víctimas. Nos han hecho planteamientos con respecto, por ejemplo, al financiamiento de los Poderes Judiciales locales que garantice autonomía frente a otros poderes públicos”.
En ese marco, resumió, surgió el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La preocupación que fue externada es que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que sea necesario para que el sistema de justicia mexicano sea un sistema sólido, robusto, fuerte, con independencia y autonomía”, acotó el también senador panista.
En esta junta, vale añadir, los senadores de todos los partidos hicieron un reconocimiento a la CIDH así como así como al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que han ayudado y auxiliado a las investigaciones del caso Iguala.
Esto, remató Gil, “significa que nuestro país se abre no solamente a la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; sino a fórmulas novedosas, mecanismos creativos que nos permitan avanzar en esta importantísima agenda de justicia de nuestro país para poner fin a la impunidad que todavía prevalece en nuestra nación”.
Segob revira a CIDH; niega crisis de derechos humanos
Para el gobierno federal las observaciones que realizaron los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes advirtieron una grave crisis de derechos humanos en México, no reflejan la situación real del país en esa materia.
En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que el informe preliminar presentado por el organismo internacional este informe se realizó en cinco días y en sólo seis entidades, en las que, recalcó, “sabemos que tenemos retos que enfrentar”.
No somos ajenos a los retos que el país enfrenta, pero no compartimos que un análisis de cinco días y casos preliminares pueda reflejar la situación de un país”, dijo Campa.
Sobre las observaciones que hizo la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, el subsecretario federal insistió en que el gobierno del persidente Peña Nieto refrenda su compromiso de colaboración, sin embargo, dijo la desaparición de los 43 normalistas es “a todas luces una situación extraordinario”, por lo que lo no refleja la situación del país en materia de derechos humanos.
“Creemos que este informe no refleja la situación del país, que se circunscribe a zonas, regiones en las que tenemos retos que enfrentar, particularmente el caso de Guerrero”, argumentó.
Asimismo, agregó que el gobierno esperará a que la Comisión entregue el próximo año el informe oficial.
Nosotros confiamos en que el informe definitivo que se presente, será un informe objetivo que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos, creemos que este informe preliminar, es un informe que no refleja la situación del país, que se circunscribe a zonas, a regiones, en donde sabemos que tenemos enormes retos”, señaló Campa Cifrian.
