En comisiones, el Congreso del Estado aprobó enviar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la solicitud de declaratoria de Alerta de Género para Puebla, y reformar el Código Penal para adicionar un agravante y sancionar hasta con 70 años el delito de feminicidio.
La diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Silvia Tanús Osorio, dio a conocer que el Poder Legislativo dará trámite a la petición realizada por la legisladora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, ante el incremento de casos de violencia en contra de las mujeres.
Señaló que ahora será la CEDH el ente encargado de realizar el procedimiento ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se analice si es que Puebla cumple con los requerimientos para emitir esta declaratoria.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rodríguez Álvarez, comentó que ante la creciente incidencia de casos de feminicidio determinaron proponer una nueva reforma al Código Penal de Puebla, para castigar de manera más enérgica este delito.
Explicó que la propuesta pretende establecer como agravante si la víctima al momento de la agresión se encontraba embarazada, generando una pena corporal de 50 a 70 años de prisión para quien cometa este crimen.
“Proponemos una reforma al Código Penal, en el caso del artículo 38, que coincide básicamente en meter un agravante por embarazo en el caso de los feminicidios. Lamentablemente, tenemos tres casos muy particulares donde los homicidios de estas jóvenes han sido no sólo por ser mujeres, sino por estar embarazadas y porque sus parejas no han querido responder”, declaró.
Agregó que están analizando una propuesta adicional, pero hasta el momento no ha sido consensuada para evitar que un feminicida sea absuelto de este delito por no hallar el cuerpo de la víctima.
Hay que recordar que el pasado mes de junio el Poder Legislativo de Puebla reformó el Código Penal para endurecer las sanciones aplicables al delito de feminicidio, estableciendo de 40 a 60 años de cárcel y una multa económica de hasta mil 500 días de salarios mínimos.
