La coordinadora parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, se pronunció a favor de impugnar ante los tribunales el dictamen aprobado de las leyes secundarias de la reforma político-electoral y los candados aplicados a las candidaturas independientes.
Señaló que en congruencia con la postura en contra que adoptaron los diputados de su grupo legislativo y los señalamientos realizados durante la discusión de este dictamen, respaldarán las acciones que emprenda su dirigencia estatal.
Manifestó que el porcentaje de firmas de apoyo establecido para obtener una candidatura independiente, el plazo para cumplir con este requisito y la presencia obligatoria de quien respalde al aspirante ciudadano, son requisitos inconstitucionales.
“El PRI advirtió en tres temas serios vicios que pudieran ser o representar un problema jurídico impugnable (…) Ya lo estamos platicando en el Revolucionario Institucional, esto ya entra dentro de las funciones de la propia dirigencia, ya lo hemos platicado con la dirigente estatal (Isabel Allende Cano), quien a su vez lo hará con la dirigencia nacional”, declaró.
Expresó que otro punto que es susceptible de ser impugnado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la permanencia del secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado (IEE), Miguel David Jiménez, en el nuevo órgano electoral.
Subrayó que esta determinación avalada por el Congreso violentó la autonomía del Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo que de no realizarse un cambio será la autoridad jurisdiccional la que invalidaría esta norma.
Hay que recordar que desde el arranque de la discusión de las reformas al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Coipeep) el PRI se opuso a establecer en 3 por ciento el total de firmas de apoyo para una candidatura independiente.
También hacer de carácter obligatorio la presencia de las personas que respaldan la intención de un ciudadano en los Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), y fijar en 10 días el plazo para que un aspirante cumpla con estos requisitos.
De estos puntos, únicamente la fracción de PRI logró que se ampliara de 10 a 20 días el plazo para reunir las firmas y registrarlas de manera personal ante el órgano electoral durante el proceso de registro para competir por un cargo de elección popular.
