Alfonso González
Qué lástima que ni al PRI, ni a César Camacho Quiroz, ni al presidente del país, Enrique Peña Nieto (EPN), ni a nadie, parezca importarle o preocuparle en lo más mínimo la grave situación por la que atraviesa actualmente el gremio periodístico mexicano.
Qué pena que nuestro país sea uno de los lugares más peligrosos para ejercer tan noble oficio.
Es vergonzoso que el gobierno de la República parezca no hacer nada para defender y garantizar la integridad de los comunicadores de todo el país, particularmente de aquellos que son constantemente amenazados por el simple hecho de ejercer su trabajo.
Tanto EPN como el PRI, en ese sentido, nos están quedando a deber.
Sobre todo si analizamos los dos últimos casos de periodistas agraviados, insisto, únicamente por hacer lo que más les apasiona: trabajar, investigar e informar.
Ambos casos son para Ripley, y si no juzgue usted: el primero, el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien recientemente fue asesinado y ultimado en la Ciudad de México, junto con la activista Nadia Vera y otras tres mujeres, tras ser amenazado presuntamente por el gobierno de Veracruz que encabeza el gobernador priista Javier Duarte Ochoa.
Y el segundo, el nuevo cargo y nombramiento de Jaime Alberto Ongay Ortiz como jefe de Seguridad de Cancún, uno de los torturadores de la ducha escritora y periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fuera secuestrada y torturada en 2005 por órdenes de Kamel Nacif Borge, “El Rey de la Mezclilla”; así como por el ahora exgobernador priista poblano Mario Marín Torres.
Ambos casos, hay que subrayarlo, son un porrazo para los derechos humanos y la libertad de expresión.
El del fotoperiodista Rubén Espinosa es la muestra más clara de la impunidad cuando se trata de un periodista asesinado.
Ya lo informó puntualmente Eric Becerra Rodríguez, director editorial del periódico Síntesis, quien lamentó el cobarde asesinato de Rubén y quien ofreció datos duros -en la columna En Tiempo Real- de la grave situación en México con respecto a los ataques y asesinatos contra periodistas:
“El homicidio del fotógrafo de la revista Proceso, Rubén Espinosa Becerril, no puede quedar impune.
Tampoco deben quedar impunes otros 103 asesinatos perpetrados contra periodistas entre el año 2000 y junio de 2015, según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
El reporte de la fiscalía, perteneciente a la PGR, es desgarrador: el año en que más homicidios se registraron fue 2010, cuando sumaron 13”.
La muerte de Rubén Espinosa no debe quedar impune y las autoridades de los tres niveles de gobierno deben tomar cartas en el asunto, particularmente el gobierno federal pues la administración peñista debe actuar en consecuencia si no quiere pasar a la historia e integrarse a la lista como uno de los gobiernos más represores del país.
EPN debe recordar que está en la mira del periodismo por el caso de Carmen Aristegui.
El PRI y su dirigencia nacional también deben tomar cartas en el asunto. De qué le sirve presumir y erigirse como un partido justo y democrático si sus gobernadores y militantes atentan contra los periodistas, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Sin embargo, otro suceso marca la historia y da un duro golpe estos derechos universales y a la imagen del gobierno federal como una administración de justicia.
Y es que el caso de Lydia Cacho y Jaime Alberto Ongay, insisto, nuevo titular del área de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo, es único.
Ongay Ortiz estuvo involucrado en la detención arbitraria y cobarde de Lydia Cacho, quien fue detenida el mes de diciembre de 2005 por autoridades del gobierno del estado de Puebla, entonces encabezado por Mario Marín, y trasladada por tierra a Cancún por órdenes del ex gobernador Félix González Canto para procesarla.
El supuesto delito que se le imputó a la también escritora fue el de difamación en agravio de Kamel Nacif, a quien la periodista citó en “Los demonios del edén” y vinculó con una red de pederastas.
La historia todos la conocemos; lo increíble del caso es que ante el negro historial de Jaime Alberto Ongay ahora lo hayan premiado con una jefatura de seguridad y un cargo público tan importante en Cancún.
Si estos casos no le dicen nada ni al PRI, ni a EPN, ni a los gobernadores priistas Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) de plano estamos fritos.
Ojalá que la justicia llegue pronto para castigar a los responsables de todos los periodistas y fotoperiodistas caídos.
Mi solidaridad y pésame a las familias de los periodistas perseguidos, torturados y muertos por los gobiernos represores.
Descansen en paz, Rubén Espinosa Becerril y Nadia Vera.
En Twitter: @poncharelazo
