Las reformas recién aprobadas en el Congreso del Estado de Puebla que elevaron a 60 años de prisión la sanción punitiva para quien cometa feminicidio, son un esfuerzo que debe reconocerse, ya que busca disminuir la incidencia de delitos tan deleznables, sin embargo no suficientes, señaló la diputada federal Rocío García Olmedo.
Entrevistada tras el informe del Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, la legisladora consideró preocupante que a pesar de los acuerdos y consensos que se lograron para la aprobación de esta reforma, se perdió la oportunidad para derogar la fracción II del artículo 338, el cual establece que existen razones de género cuando “el sujeto activo lo cometa por celos extremos respecto a la víctima”.
“Me preocupa que no hayan aprovechado para derogar la fracción II del artículo 338, porque estipula una de las circunstancias para probar el delito de feminicidio y contiene un concepto muy subjetivo, el de ´celos extremos´, que es muy difícil de probar, lo que genera que aún con el incremento de la pena, el delito no se pueda probar” dijo la también secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados.
García Olmedo insistió que las reformas, las cuales aumentan las penas, son un avance y un logro que debe reconocerse, pero que los acuerdos políticos que lograron la aprobación por unanimidad no debieron desperdiciarse para analizar y clarificar el acceso a la justicia en estos casos y lograr que no queden en la impunidad.
De esa manera, abundó, los jueces y las juezas podrían interpretar y aplicar una debida administración de la justicia en los casos de feminicidio en el estado de Puebla.
Recordó que en el 2014 se registraron cerca de 60 feminicidios; 50 en el 2013 y en lo que va del presente año, superan ya los 10.
