César Morales
La primera parte del periodo de campañas políticas se ha caracterizado por la ausencia de propuestas viables y los constantes ataques y denostaciones entre los candidatos a diputados federales. Esto lo único que ha provocado es apatía y desinterés en los electores.
Para este proceso electoral los especialistas han proyectado un alto abstencionismo en las urnas, derivado del hartazgo de los ciudadanos por los partidos políticos y la postulación de personajes que recurrentemente buscan un cargo de elección popular.
En los primeros 38 días de campañas, a diferencia de otras elecciones, ha sido notoria la falta de promoción de las imágenes de la mayoría de los 146 candidatos a diputados federales que buscan la representación en uno de los 16 distritos de Puebla.
Aunque ha habido otros que previo al arranque de la contienda de este año, ocupando sus cargos públicos recorrieron los distritos en donde, posteriormente, fueron postulados como abanderados.
La inequidad generada por esta situación derivó en la presentación de impugnaciones a distintas candidaturas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mismas que recientemente fueron desechadas por ser calificadas como “improcedentes”.
En este periodo pocos han sido los candidatos que se han sumado a las campañas de transparencia e información, impulsadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Es el caso de los candidatos por el Movimiento Ciudadano (MC), Luis Alberto Arriaga Lila y Karen Abraham; por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Loyola; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nancy de la Sierra; por el Partido del Trabajo (PT), Imelda Santoyo; por el Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino; por el Partido Humanista (PH), Guadalupe Goiz, y el candidato independiente, Alberto Merlo.
En este sentido, es evidente que la transparencia y la rendición de cuentas son algo que no interesa, y mucho menos importa a los abanderados de las 10 fuerzas políticas que contienden en este proceso electoral federal, puesto que se han negado a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Asimismo, los candidatos han mostrado un marcado desinterés por participar en un debate para contrastar sus propuestas e ideas con las de sus adversarios políticos y, hasta el momento, solamente cinco de ellos han ofrecido una solicitud formal al Instituto Nacional Electoral (INE).
Si a esto le sumamos que en lo que va de este proceso las denuncias por actos anticipados, desvío de recursos para favorecer candidatos, colocación de propaganda en lugares prohibidos y pinta de bardas con descalificaciones han sido la constante.
Los abanderados por las diferentes fuerzas políticas han acusado que enfrentan una “elección de Estado”, y que las administraciones municipales están utilizando sus estructuras para bloquear a unos y a otros, dependiendo a qué partido político pertenezcan.
En recientes días comenzaron a circular videos en los cuales se pretendió demostrar la manipulación y condicionamiento de programas sociales federales, estatales y municipales por parte de los tres niveles de gobierno, para favorecer a los candidatos.
Lo preocupante es que durante estas cinco semanas de proselitismo político los contendientes han planteado propuestas que, en su mayoría, resultan populistas y estructuras con un mero interés de captar el voto, pero que en la realidad no tienen un sustento que las haga posibles.
Estos antecedentes hacen pensar que para lo que resta de las campañas y previo a la jornada electoral del 7 de junio, la guerra sucia entre los partidos y candidatos incrementará mientras que las propuestas “se quedarán durmiendo el sueño de los justos”.
