En la última comparecencia como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, aseguró que en la entidad existió una disminución del 33.1 por ciento en los delitos del fuero común.
Detalló que el año pasado se reportaron 114,709 denuncias, 33.1 por ciento menos que en 2010; 81,428 fueron averiguaciones previas y 33,281 constancias de hechos, lo que implicó que se cometieron 13.1 delitos por cada hora.
Además, cuestionó cómo se maquillaron las cifras en materia de seguridad en el sexenio encabezado por el ex gobernador, Mario Marín Torres, ya que con las cifras que se tienen se contabilizaron 19.5 delitos por hora en 2010, registrando 171,539 denuncias, de las cuales, 69,346 fueron averiguaciones previas y 1,193 se quedaron como constancias de hechos.
En la comparecencia, el funcionario estatal, también subrayó el trabajo que se realiza para implementar el mando único en la entidad, al que han denominado “Mando bajo el Modelo Policial de Coordinación Operativa”, y hasta el momento hay más de 34 municipios trabajando en el tema.
Consideró que el establecer un mando único requiere de un proceso largo en el ámbito legislativo, por ello, se decidió emprender este proyecto desde abril de 2013 empezando a laborar con 24 ayuntamientos.
“Es un ejercicio de liderazgo, responsable, de suma de esfuerzos para reunir en un solo esquema, en un solo frente las capacidades y las atribuciones de los municipios de manera conjunta con los estados”, argumentó.
En breve, resultados de investigación del caso Karla López Albert: PGJE
En su intervención, el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, fue cuestionado sobre el caso de la poblana Karla López Albert, enunciando que en breve se concluirán las investigaciones y se presentará a los responsables de este lamentable hecho.
Subrayó que al no finalizar las indagatorias no podrá dar detalles para no interferir en la averiguación previa, aunque confirmó el arraigo de tres personas, presuntamente, involucradas en este crimen.
Glosó que para agilizar esta acción han recurrido al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) y las pruebas recabadas están por dar resultados.
“Las investigaciones que nos llevan más tiempo son las que tienen que ver con la telefonía, porque las nuevas disposiciones establecen la obligación de las empresas de telecomunicaciones para dar la información que se les solicite, normalmente tardan mucho proporcionarla y después ésta se tiene que procesar para hacer redes de vínculos y determinar geolocalizaciones”, compartió.
Finalmente, lamentó que este caso fuera utilizado de manera irresponsable por algunos medios de comunicación, porque se consideró que el actuar de la PGJE no fue el adecuado.
