El presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, informó que ésta inició el proceso de determinación de responsabilidades contra 60 sujetos obligados, quienes, en conjunto, no pudieron solventar 9 mil 500 millones de pesos, por lo que pueden ser sujetos a una inhabilitación y a la pena corporal.
Agregó que en el segundo periodo se pudo terminar con el rezago legislativo que existía en esta Comisión, por la renuncia del titular del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, misma que provocó que por más de dos meses permaneciera cerrado el organismo.
Riestra Piña, indicó que hasta el momento han dictaminado más de 350 cuentas públicas e iniciado procedimientos por el orden de los 9 mil 500 millones de pesos a personalidades de todos los partidos, debido a que en la Comisión Inspectora no hay tendencia política que defina la votación.
Destacó que se ha trabajado para eliminar la percepción de que el Órgano de Fiscalización Superior es utilizado como “garrote político”, ya que las decisiones se han votado por unanimidad y se han sancionado a sujetos de todos los partidos políticos.
“Se han sancionado a sujetos de todos los partidos y todos los casos han sido por unanimidad. La Comisión Inspectora utiliza criterios técnicos, no políticos y pesan los criterios administrativos y no los electorales. Nosotros queremos seguir por esa línea”, concluyó.
