Los diputados trabajaron a marchas forzadas para que este miércoles quedaran aprobadas las iniciativas que envió el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, hace apenas una semana.
La primera en aprobarse en las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto, fue la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios -los famosos PPS-, para que el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, pueda comprometer un porcentaje del impuesto sobre la nómina para financiar los proyectos bajo este esquema.
La iniciativa fue avalada por la mayoría de los diputados integrantes de estas comisiones, ya que el legislador del Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, propuso que se estableciera un límite del 50 por ciento para afectar los recursos provenientes de los impuestos.
Consideró que al no establecer un límite podría estarse hipotecando las finanzas de la entidad, ya que el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, establece: “Se autoriza al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, afectar de forma irrevocable el porcentaje que resulte suficiente y/o necesario de los ingresos del estado, provenientes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal como fuente de pago, garantía o ambas, de todo tipo de dependencias o entidades públicas que se contraigan o que se hayan contraído con motivo de la contratación de los PPS”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez López, aseguró que no se pone en riesgo ni se hipotecan las finanzas del estado, ya que, actualmente, en el proyecto financiado por medio de los PPS, que es el Centro integral de Servicios, sólo se está utilizando el 2 por ciento del ISN.
También avalan la Ley de Bienes
La iniciativa que sí logró la unanimidad, fue la Ley General de Bienes del Estado de Puebla, para dar certeza a los contratos que firma el gobierno estatal con particulares y evitar abusos que se cometían en el pasado, como las concesiones por 99 años.
En esta propuesta enviada por Moreno Valle, se estableció como límite de 30 años la concesión y, de cumplir con todas las obligaciones, podría ampliarse una prórroga por un periodo similar.
Esta modificación estableció la concesión para el aprovechamiento, uso y explotación sobre un bien de dominio público del estado, incluyendo el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de infraestructura pública, mediante licitación y los casos de excepción, invitación restringida y adjudicación directa.
