Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud y apoyo a sectores vulnerables, entre ellos niñas, niños y adultos mayores.
La resolución fue emitida por el juez de Control Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que impide por ahora la liberación del exmandatario.
Investigación durará seis meses
El juzgador fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa deberán reunir y presentar pruebas adicionales. La siguiente etapa del proceso está prevista para agosto próximo.
Durante la audiencia, que se prolongó por más de diez horas, la Fiscalía expuso datos que apuntan a que Duarte habría encabezado un esquema para mezclar recursos federales y estatales con el fin de desviarlos, presuntamente mediante instrucciones directas a funcionarios de su administración.
Posible salida de prisión queda en suspenso
La vinculación a proceso complica el escenario jurídico del exgobernador, quien permanece encarcelado desde 2017 tras declararse culpable de delitos como asociación delictuosa y lavado de dinero. Estaba previsto que en abril próximo cumpliera nueve años de prisión, lo que abría la posibilidad de solicitar su liberación.
Sin embargo, con este nuevo proceso penal abierto, su salida del Reclusorio Norte queda en vilo.
Reacción del exmandatario y su defensa
Al término de la audiencia, Duarte expresó su inconformidad con la decisión judicial:
“No me encuentro sorprendido. Gana nuevamente la política sobre la justicia”, sentenció.
Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la resolución e incluso analizarán promover un amparo, al considerar que hubo inconsistencias en los argumentos del juez respecto a las circunstancias del caso.
Posibles penas y nuevas investigaciones
El delito de peculado por el que fue vinculado podría implicar una pena de entre 2 y 14 años de prisión. Además, la Fiscalía anticorrupción adelantó que podrían ejercerse acciones penales contra otros exfuncionarios presuntamente involucrados en el desvío de recursos ocurrido entre 2012 y 2014.
Según las investigaciones, los fondos habrían sido originalmente destinados a dos casas hogar en Veracruz, pero terminaron dispersados mediante una presunta triangulación financiera operada por varios servidores públicos.
