María Fernanda León, una mujer poblana que asegura ser víctima de violencia familiar por parte de su exesposo Israel N., padre de su hijo menor de edad, denunció el pasado miércoles 19 de noviembre, a través de un video difundido en redes sociales que enfrenta una orden de aprehensión por supuestas lesiones, emitida el 27 de octubre de 2025 por el juez de control David Rodríguez González.
En su testimonio, León relata que, tras sufrir agresiones físicas por parte de su expareja, incluyendo una golpiza, se defendió causándole únicamente rasguños menores, dada la diferencia física entre ambos. Sin embargo, afirma que su denuncia por violencia familiar no ha avanzado, mientras que la contradenuncia de su agresor fue integrada “con rapidez inusual” en solo un mes por la agente del Ministerio Público Karen Elizabeth Velazco Ortiz, de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.
Entre las irregularidades señaladas por la afectada destacan:
- La desaparición de pruebas clave, como valoraciones médicas y psicológicas realizadas por la propia Fiscalía que acreditarían la violencia sufrida
- La pérdida de expedientes en juzgados de lo familiar
- Amenazas directas por parte del investigador José María Barragán Baruch, en una reunión donde también estuvo presente la fiscal Karla Michelle Salas, quien le habría advertido que si no aceptaba ciertas “recomendaciones” –presuntamente relacionadas con acuerdos de custodia favorables al exesposo–, se giraría la orden de aprehensión y le quitarían a su hijo
“Hoy corro el riesgo de ser privada de mi libertad por no ceder a lo que mi violentador quiere”, expresó María Fernanda León en el video, donde pide la intervención del gobernador Alejandro Armenta, la secretaria de Gobernación federal Citlali Hernández y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Video: Redes sociales
Fiscalía de Puebla emite comunicado
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla emitió un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública de María Fernanda, donde asegura que la investigación relacionada con el caso se integra conforme a derecho y con perspectiva de género, al igual que todos los expedientes que involucran a mujeres.
La institución reconoce el derecho de la ciudadanía a usar medios de información para exponer sus casos, pero enfatiza que los asuntos jurídicos deben canalizarse por las vías oficiales establecidas. Precisa que aspectos desfavorables para la denunciante, como la orden de aprehensión emitida por un juez de control, son decisiones del órgano jurisdiccional y, por tanto, ajenas a las atribuciones de la Fiscalía.
El comunicado recuerda que, si alguna resolución no satisface a las partes, existen medios de defensa ordinarios y extraordinarios previstos en la ley para impugnarlas.
Finalmente, la FGE reitera su compromiso con la atención y protección a las mujeres, destacando que desde la creación de los Centros Libre Casas Carmen Serdán se han atendido a más de 82 mil personas y otorgado 3 mil 924 medidas de protección, principalmente a mujeres.
Afirma estar abierta al diálogo y garantiza que toda investigación se conduce con legalidad, objetividad y respeto a derechos humanos.
Hasta el cierre de esta nota, María Fernanda León no ha respondido públicamente al posicionamiento de la Fiscalía.
