El Gobierno del estado de Puebla respondió a la protesta realizada este viernes por un grupo de supuestos familiares de internos del penal de San Miguel, quienes bloquearon ambos sentidos del Camino al Batán para denunciar presuntos casos de extorsión y abusos dentro del centro penitenciario.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirmó que mantiene disposición al diálogo, pero señaló que las personas manifestantes no acreditaron ser familiares ni representantes legales de personas privadas de la libertad durante el acercamiento que autoridades de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación realizaron en el lugar.
De acuerdo con el texto oficial, los representantes gubernamentales acudieron a solicitar una mesa de diálogo, sin embargo, “durante la interlocución, las y los manifestantes se negaron y evitaron acreditar de manera formal a qué personas privadas de la libertad representan, tampoco presentaron documentación que respaldara su carácter de familiares o representantes legales”.
La dependencia también afirmó que algunos de los señalamientos difundidos son “imprecisos” y provienen de información incorrecta. Aseguró que la operación del Centro Penitenciario de Puebla se realiza conforme a los protocolos de ley y que se respetan en todo momento los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Pese a ello, la SSP reiteró que continuará abierta a establecer un mecanismo de diálogo formal con quienes acrediten adecuadamente su vínculo con las personas en reclusión, “a fin de atender planteamientos legítimos y las demandas”.
La institución insistió en que cualquier acercamiento deberá realizarse con orden, respeto y a través de las vías institucionales, en línea con su compromiso –dijo– con la gobernabilidad y la legalidad.
La protesta de este viernes generó complicaciones viales en las inmediaciones del penal de San Miguel, donde los inconformes cerraron el acceso como forma de presión para exigir atención a sus denuncias.
