La decisión del Poder Judicial de Puebla de liberar a Ricardo N., el primer hombre en América Latina vinculado a proceso por el delito de violencia vicaria, desató una ola de indignación entre activistas y colectivas feministas, que calificaron la resolución como “un grave retroceso” en la protección de las víctimas y en el avance que el estado había logrado en el reconocimiento de esta forma de violencia.
La jueza de Control Alejandra Román Pérez determinó sustituir la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario, pese a que en la misma audiencia reconoció que sí existe riesgo de que el imputado sustraiga nuevamente a su hijo, hecho que motivó su vinculación a proceso en 2022.
La medida, criticada por su falta de perspectiva de género, implica que Ricardo N. cumplirá su arresto en la casa de sus padres, las mismas personas que, de acuerdo con los antecedentes judiciales, ocultaron durante seis años el paradero del menor y facilitaron su sustracción de la madre, Andrea Lezama Bonilla.
Una decisión con contradicciones y sin garantías
Durante la audiencia, la jueza Román Pérez incurrió en contradicciones, señalaron las colectivas. Primero argumentó que no existía riesgo alguno y luego admitió lo contrario. Aun así, decidió liberar al imputado sin una evaluación reciente de riesgo ni medidas efectivas de protección hacia la víctima y el niño.
Además, rechazó la colocación de un brazalete electrónico al acusado bajo el argumento de que “no tiene recursos para costearlo”. En su lugar, ordenó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal lo vigilen de forma permanente, aunque sin precisar si existen los medios humanos y materiales suficientes para cumplir con esa tarea.
Organizaciones feministas denunciaron que el fallo privilegia los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de la víctima. “El sistema judicial vuelve a dar la espalda a las víctimas, negándoles la protección y reparación que legítimamente merecen”, expresaron en un pronunciamiento conjunto.
Retroceso para un estado que fue referente
Puebla fue el primer estado de México y de América Latina en vincular a proceso a un agresor por violencia vicaria, tras comprobarse que Ricardo N. mantuvo lejos de su madre a su hijo durante seis años con el propósito de causarle daño. El caso de Andrea Lezama se convirtió entonces en un símbolo de resistencia y justicia para miles de mujeres.
Hoy, ese precedente se tambalea. “Es un retroceso para un estado que había sido referente internacional en el reconocimiento de la violencia vicaria”, denunció la colectiva Cam Cai, de la cual Andrea es vicepresidenta.
La decisión judicial, advierten las organizaciones, reabre el riesgo para Andrea y su hijo y sienta un precedente que podría debilitar los avances alcanzados en la tipificación de este delito, que en Puebla se castiga con hasta 10 años y 8 meses de prisión y multas de hasta 25 mil pesos.
Exigen responsabilidad institucional y garantías de seguridad
Trece organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional contra la Violencia Vicaria, Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, Marea Verde México, Red de Mujeres Feministas de Puebla y Observatorio Ciudadano de Violencia Vicaria, exigieron al Poder Judicial reconsiderar la medida y asumir su responsabilidad institucional.
Pidieron garantizar medidas reales de protección a Andrea Lezama y a su hijo, así como preservar el carácter ejemplar del caso que en 2022 colocó a Puebla como pionero en la lucha contra la violencia vicaria.
Foto: Facebook / Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violecia Vicaria
“Si fueron capaces de lastimar a mi hijo, pueden ser capaces de hacer cualquier cosa”, advirtió Andrea, visiblemente preocupada ante el nuevo panorama judicial.
La liberación de Ricardo N. no solo representa una amenaza para una madre y su hijo, sino también un duro golpe a la confianza en las instituciones que deberían protegerlos. En un estado que había marcado la pauta contra la violencia vicaria, la justicia parece haber dado un paso atrás.
