Luego de más de dos años de exigencias por justicia, un tribunal federal ordenó prisión preventiva para seis exfuncionarios del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su presunta participación en los delitos de tortura, abuso de autoridad, agresión sexual y privación ilegal de la libertad contra las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
La resolución fue emitida el pasado 30 de abril del presente año por el Tribunal Colegiado del Sexto Distrito, el cual revocó las medidas cautelares que permitían a los implicados enfrentar el proceso judicial en libertad. La medida aplica a cinco policías municipales en funciones y a un ex juez calificador, todos señalados como autores materiales de los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2023.
Detención arbitraria, tortura y abuso sexual
Aquel día, las hermanas Hoyos López —entonces reporteras del medio Enlace Noticias— cubrían una manifestación feminista del colectivo Marea Púrpura, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al concluir la protesta, fueron detenidas de manera ilegal por elementos de la Policía Municipal, quienes las trasladaron a la Subcomandancia de Seguridad Sur.
Durante al menos cinco horas, ambas periodistas permanecieron incomunicadas. Según su testimonio, fueron obligadas a desnudarse, golpeadas, amenazadas con ser desaparecidas y sometidas a agresiones sexuales, todo con el presunto conocimiento de autoridades superiores, entre ellas la entonces presidenta municipal Irene Olea Torres, militante del partido Morena.
Las víctimas fueron liberadas la mañana siguiente tras el pago de una multa por el supuesto delito de alterar el orden público. Ese mismo día interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso por tratarse de delitos contra la libertad de expresión.
Avances judiciales y un crimen sin resolver
El proceso judicial ha sido largo y complejo. En mayo de 2024, la FGR imputó formalmente a 11 funcionarios municipales, incluidos altos mandos de seguridad. Sin embargo, en julio de ese mismo año, una jueza estatal dictó medidas cautelares no privativas de la libertad, lo que permitió que los imputados siguieran el proceso fuera de prisión.
La decisión fue apelada por la FGR y por la defensa de las víctimas, argumentando que la libertad de los acusados representaba un riesgo para las periodistas, así como la posibilidad de fuga y manipulación de pruebas. Finalmente, el Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito dio la razón a las víctimas y ordenó la detención inmediata de los seis imputados.
El caso se vio aún más agravado por el asesinato de Socorro Barrera Sánchez, testigo clave y exintegrante de la Unidad de Atención a Víctimas de Izúcar, quien fue ejecutada a plena luz del día en junio de 2024, pese a contar con medidas de protección oficiales. Su muerte sigue impune.
“Ni perdón ni olvido”: las víctimas alzan la voz
Michelle Hoyos, una de las víctimas, escribió en redes sociales:
“Esto no fue un favor ni un acto político. Es justicia tras dos años de resistencia, dolor y exigencia. No fue un abuso común, fue tortura sexual institucional.”
En otra publicación señaló:
“Tras 2 años y 2 meses, 6 de mis agresores irán a prisión preventiva por tortura. Esto no fue mi voz, mi resistencia, mi verdad. Ni perdón ni olvido.”
Actualmente, Natalie Hoyos dirige el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Sicom), mientras que Michelle continúa su labor como periodista y activista por los derechos humanos.
Impunidad y justicia pendiente
Si bien esta resolución representa un avance importante en la búsqueda de justicia, los 11 funcionarios no han sido condenados y el proceso judicial continúa. Además, la presunta autora intelectual, Irene Olea, sigue sin enfrentar cargos formales, pese a los señalamientos en su contra.
El caso ha sido emblemático dentro de los crímenes contra la prensa en México. De acuerdo con la organización Artículo 19, durante 2024 se registraron al menos 639 agresiones contra periodistas en el país, reafirmando el grave riesgo que implica ejercer el periodismo en contextos de impunidad.
