Un profesor que encabezaba el área de Educación Física y Deportes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual, acoso y hostigamiento en agravio de una alumna menor de edad. La Fiscalía General del Estado de Puebla ejecutó su detención a inicios de este mes, tras reunir pruebas suficientes que sustentan su presunta responsabilidad.
El acusado, identificado como Miguel N., permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal. El caso ha generado un debate público no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por las versiones contradictorias sobre el trato que la universidad ha dado a la víctima.
UPAEP asegura apoyo, pero surgen denuncias por discriminación
Tras conocerse los hechos, la UPAEP afirmó haber activado de inmediato su protocolo de atención a víctimas, a través de su Comité de Integridad. En un comunicado oficial, la institución sostuvo que el acusado fue separado del cargo para que enfrentara el proceso legal correspondiente, y que se garantizó atención psicológica, acompañamiento académico y protección a la estudiante afectada.
COMUNICADO: Ante la lamentable situación que involucra a un colaborador de nuestra institución, informamos: pic.twitter.com/8ZCSPHwaM7
— UPAEP (@UPAEP) May 13, 2025
Sin embargo, familiares y personas cercanas al caso sostienen que el respaldo institucional fue retirado poco después de que la denuncia avanzara en el terreno legal. De acuerdo con estas versiones, la universidad solicitó a los tutores de la alumna que la retiraran de clases y de la residencia estudiantil bajo el argumento de que no podía garantizar su seguridad, además de haberle retirado una beca deportiva sin justificación clara.
Ante estos señalamientos, un juez federal emitió una suspensión que obliga a la institución a restituir los apoyos educativos, al considerar que hubo actos de discriminación que afectaron la integridad y el derecho a la educación de la joven en un entorno libre de violencia.
Se abre posibilidad de más denuncias
El caso ha puesto en entredicho la respuesta de la UPAEP ante situaciones de violencia de género. Aunque la universidad sostiene que mantiene comunicación con la familia de la víctima y asegura que esta sigue recibiendo apoyo, las discrepancias entre las versiones oficiales y las denuncias públicas han generado cuestionamientos sobre la aplicación efectiva de los protocolos institucionales.
Además, estudiantes y personas allegadas al entorno universitario han advertido que podrían existir más casos similares relacionados con el mismo acusado, lo que podría ampliar la investigación y profundizar la revisión de los mecanismos internos de denuncia y prevención.
El proceso penal en contra de Miguel N. continúa abierto y, mientras tanto, diversos sectores exigen que la universidad actúe con mayor transparencia y responsabilidad para proteger a su comunidad estudiantil, especialmente a menores de edad.
