Después de cinco años de investigaciones, controversias y reclamos de justicia, María Consuelo N., conocida como “La Mataperros”, fue finalmente sentenciada a 2 años, 9 meses y 3 días de prisión por su responsabilidad en delitos de crueldad animal.
Este caso, que comenzó en 2019 en la Unidad Habitacional Bosques de San Sebastián, en el nororiente de la ciudad de Puebla, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los animales en México.
Un caso que conmocionó a Puebla
En septiembre de 2019, María Consuelo N. fue señalada por vecinos de mantener a 45 animales en condiciones deplorables dentro de su domicilio. Entre los hallazgos más perturbadores estaban cuatro cadáveres de animales –incluyendo perros, gatos y un conejo– guardados en bolsas negras dentro de su refrigerador. Además, los animales vivos presentaban signos evidentes de desnutrición y maltrato severo.
Por varios años, durante los fines de semana, María Consuelo N. vendió tacos los fines de semana y sus vecinos sospechaban que la carne con la que preparaba su producto era de los animales que sacrificaba, de ahí el mote de “La Mataperros”, con el que se le conoce desde entonces.
A pesar de la indignación generada en aquel momento y de las pruebas contundentes, María Consuelo N. fue liberada poco después de rendir declaración, pues los delitos no ameritaban prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, las autoridades continuaron con las investigaciones, impulsadas por la presión social y el activismo a favor de los derechos animales.
Aprehensión y sentencia: el desenlace en 2024
El caso dio un giro en abril de este año, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió una orden de aprehensión, en la colonia Coatepec, contra María Consuelo N., derivada de nuevos elementos recabados en la investigación. Fue vinculada a proceso con prisión preventiva justificada y ayer, 13 de diciembre, se dictó una sentencia condenatoria tras un procedimiento abreviado.
La sentencia no solo contempla la pena privativa de libertad, sino también una multa equivalente a 275 días de salario mínimo, como sanción adicional por el daño causado.
