Luego de que SE informara que Rafael Borbolla Sosa, empleado del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e Isaac Tonatiuh López Montalvo, secretario particular de Mauricio Tornero Salinas, fueron presentados ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo, las preguntas empezaron a surgir.
En torno a los hechos, y al por qué no habían presentado la prueba de confianza, el Ejecutivo Estatal, Rafael Moreno valle Rosas respondió: Los funcionarios involucrados en el robo de una motocicleta en el fraccionamiento La Vista Country Club no habían sido sometidos a los exámenes de control de confianza debido a que sus funciones estaban fuera de las áreas operativas y de mandos.
Y tenía razón, pues de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que apareció en el Diario Oficial de la Federación los primeros días de enero del año 2009, señala en su artículo tercero transitorio la obligación que tienen todos los órdenes de gobierno, que sus elementos se encuentren evaluados y certificados en control de confianza, examen que deberán acreditar en los Centros Estatales de Evaluación y Control de Confianza. Hay 39 a nivel nacional, dos de ellos de instancias federales y 37 en las diversas entidades de la República.
La misma ley indica que es obligatorio que todo el personal en activo, mandos y personal operativo presenten y aprueben el examen de Control de Confianza, no así para personal administrativo, o empleados.
En informe reciente sobre este tema, se dio a conocer que enero a mayo del año en curso, año las entidades federativas rebasaron el 100 por ciento de sus compromisos de evaluación de control de confianza para alcanzar la meta fijada para enero de 2013 son los Estados de Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Aguascalientes, Durango, Distrito Federal, Puebla, Baja California y Colima.
