Sumamente interesante, resultó la comparecencia ante el Congreso del estado del vicealmirante Francisco Sánchez González, dentro de la glosa del primer informe del gobernador Alejandro Armenta Mier.
Y es que habló sin tapujos ni eufemismos sobre una de las grandes preocupaciones de los poblanos, sobre todo luego de que, como se sabe, ya suman siete elementos policiacos detenidos por autoridades federales por sus nexos o complicidades con el crimen.
Ante diputadas y diputados, el secretario de Seguridad Pública lo dijo claro:
Sí hay en el estado un “problema grave” de delincuencia organizada y eso es algo que no se puede negar.
Pero, subrayó, en Puebla se está lejos de pactar una “paz narca” –como sucede en muchos otros sitios de México.
Y si no lo expresó literalmente, sí señaló que aquí se acabó aquella desastrosa política obradorista de “abrazos, no balazos”, pues hay –remarcó– un combate frontal a la delincuencia.
“Nosotros tenemos voluntad de actuar, no podemos cerrar los ojos”, destacó.
Agregó que los grupos delictivos tienen muchas ventajas, mientras que el armamento y los vehículos de las policías municipales son limitados.
“Requerimos aeronaves, armas de alto poder, tecnología, eso los da la autoridad federal, por eso los incorporamos a los operativos. Las limitaciones de los municipios se van subsanando a través del estado”, dijo.
Por eso pidió a las diputadas y los diputados su apoyo para equipar a los cuerpos de seguridad locales, pues como integrante de la Marina, sabe que lo único que les da posibilidad de enfrentar al crimen es la capacitación y el equipamiento.
¿A qué se refiere el vicealmirante Francisco Sánchez con “paz narca”?
Se refiere básicamente a un estado de tranquilidad o reducción de la violencia en zonas controladas por el narcotráfico, donde se establece una forma de orden informal a través de acuerdos entre grupos criminales.
Esto puede considerarse una “paz” en el sentido de que disminuyen los enfrentamientos violentos, pero a menudo implica un control del crimen organizado que resulta una amenaza para la sociedad y el Estado de derecho.
Es decir, un acuerdo tácito entre los carteles y las autoridades, donde se toleran ciertas actividades ilícitas a cambio de evitar conflictos violentos que afecten a la población.
¿Hubo “paz narca” en otras administraciones estatales?
Sí, sin duda: no pocos secretarios de Seguridad llegaron a pactar este tipo de acuerdos con la delincuencia organizada.
De hecho, hoy se están pagando las consecuencias de esos oscuros arreglos.
El vicealmirante hace muy bien en hablar frontalmente del tema, pues solo así se podrá empezar a resolver ese “problema grave” que él mismo indica y que se refleja prácticamente todos los días en los medios de comunicación y redes sociales.
Hace unos meses se dio a conocer un estudio elaborado por Lantia Intelligence, la prestigiada firma que encabeza el experto en seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez, que describe el nuevo modelo criminal en México.
Señala que la reducción de homicidios y ejecuciones que presume el Gobierno federal se basa en un efecto combinado de promover, por un lado, un mayor uso de la inteligencia y la coordinación intergubernamental, y, por el otro, el fomento de organizaciones criminales de carácter dominante en cada estado, con las que las autoridades estatales puedan mantener cierto grado de comunicación y entendimiento, para mantener los niveles de violencia a la baja a cambio de concesiones diversas.
“Se trata de un modelo que parece encontrarse en una fase temprana de gestación, y que se ha ido ajustando y ajustará al contexto específico de cada entidad federativa”, apunta.
Puebla no puede caer en ese modelo que sí es notable en entidades como Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas.
Y el vicealmirante, por fortuna, lo tiene muy claro.
