La elección del Sindicato de Burócratas está totalmente viciada, pues ha entrado al terreno de lo absurdo, ya que faltando escasos ocho días hábiles para que sean las votaciones de los 3 mil 200 agremiados resulta que solo dos de los nueve candidatos a secretario general han podido hacer campaña, pues los demás tienen prohibido entrar a los centros de trabajo de los poderes públicos del estado.
La noche de este lunes había una intensa ola de reclamos en la sede del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismo Descentralizados, ya que no han llegado los oficios de comisión que permitirían a los candidatos ausentarse de sus puestos laborales para hacer proselitismo entre las bases de la agrupación.
De los nueve aspirantes, solo dos han podido hacer campaña debido a que como eran parte del Comité Ejecutivo del sindicato, no necesitan un permiso para recorrer las áreas de trabajo del Gobierno del estado, del Congreso local o del Poder Judicial. No tienen mayor obstáculo.
Y esos dos aspirantes que no han tenido impedimentos, curiosamente son los dos candidatos “oficiales” del grupo político del dirigente saliente del sindicato, Jhovani Oliver Gallo.
La intención del secretario general es que gane Jesús Emmanuel Rodríguez González, a quien se le han puesto a su servicio a casi toda la estructura sindical para que promuevan su planilla.
El problema es que Rodríguez González es un personaje poco carismático y acarrea varios escándalos, lo que genera el rechazo de las bases sindicales.
Por eso el “plan B” es María Cecilia Marcos, quien fue secretaria de Acción Juvenil del sindicato, tiene el espaldarazo de una integrante del gabinete del gobierno del estado y obviamente, el beneplácito de Jhovani Oliver Gallo.
Al otro día de que se autorizaron los registros de los candidatos –lo cual ocurrió la semana pasada–, de inmediato Jesús Emmanuel Rodríguez se presentó en Ciudad Judicial para entregar propaganda y prometer mejoras laborales a los trabajadores del aparato de administración de justicia.
Mientras que a María Cecilia Marcos le abrieron las puertas de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y le reunieron a todos los que ahí laboran, incluidos los que están en contra de que el sindicato lo siga controlando el grupo político de Oliver Gallo.
Emmanuel Rodríguez y Cecilia Marcos representan la continuidad de uno de los últimos reductos del morenovallismo en el espacio público de Puebla y es una corriente que, tomó el control del Sindicato de Burócratas, desde hace 12 años.
Al resto de los nueve candidatos, la noche de este lunes, solo les habían autorizado que dos integrantes de sus planillas hagan labores proselitistas, en lo que “llegan los oficios de comisión”.
Sin duda es una maniobra sucia y torpe para frenar a las dos únicas candidatas que representan un cambio en la organización gremial, ellas son: Martha Rodríguez Salinas, del “Movimiento por la Democracia”, y Brenda Velázquez Batana, que encabeza la fórmula “Juntos vamos a lograrlo”.
Ellas dos han sido líderes entre las bases gremiales porque denunciaron y se opusieron a la represión morenovallista, que echó a la calle a miles de trabajadores del sector público; y porque han ocupado el espacio que correspondía al sindicato, que es reclamar al Poder Ejecutivo las mejores laborales de los burócratas estatales.
Las protestas contra la imposibilidad de hacer campaña electoral, únicamente corrió a cargo de las planillas de Brenda Velázquez y Martha Rodríguez, ya que los otros cinco aspirantes son en realidad “paleros” del grupo de Jhovani Oliver, a quienes se les ordenó postularse para atomizar el voto de los trabajadores.
¿Y el acuerdo de Samuel Aguilar Pala?
Con el retraso de los “oficios de comisión”, ya suman tres maniobras de fraude electoral que ha echado andar el grupo de Oliver Gallo para asfixiar y eliminar a la oposición.
Primero quiso imponer un Comité Electoral, estrategia que fracasó.
En segundo lugar, buscó impedir el registro de las candidatas Marta Rodríguez Salinas y Branda Velázquez Batana, exigiéndoles una carta de “buena conducta” que entregaba el propio sindicato. También este intento se frustró.
Ahora, en tercer lugar, se usa la maniobra de no dejar a las candidatas “incómodas” hacer proselitismo.
La dos primeras trampas fueron frenadas por la intervención –solicitada por Velázquez Batana y Rodríguez Salinas– del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien ha buscado que la elección se pueda realizar en condiciones más o menos estables.
En todo momento, Aguilar Pala les ha hecho comprometerse a todos los aspirantes, a los críticos y a los oficialistas, a que se va a respetar el resultado de las votaciones del 15 de diciembre y que no se “judicialice” la elección, es decir que no se impugne ante las instancias de arbitraje del Poder Ejecutivo.
Se busca, desde Gobernación, evitar un conflicto legal similar al que hubo a lo largo de dos años a causa de fraude que impuso a Jhovani Oliver Gallo en la cabeza del sindicato.
Pero así cómo van las cosas, ese acuerdo de civilidad promovido por Gobernación amenaza con “caerse como una torre de naipes”.
