Sin duda alguna, la elección de Pedro Antonio Martínez Hernández como presidente del Consejo de la Judicatura es un importante cambio generacional en el Poder Judicial poblano, pero al mismo tiempo la forma en que llegó al cargo constituye un grave problema de legitimidad, no porque sea joven, sino porque no se respetaron lo requisitos mínimos que se exigen para ocupar la posición más importante del aparato de administración de la justicia.
Sobre todo, porque su principal reto tendría que ser el combatir al “cáncer” de la justicia en Puebla, que es la impunidad, y resulta que él ha sido el primero –junto con los magistrados que lo eligieron– en no respetar la legalidad interna del propio Poder Judicial.
En una sociedad en donde solo se castiga el 4% de los delitos y se libera a homicidas, abusadores de niños, feminicidas e invasores de tierras, se debe buscar un cambio que inicie por la cúpula del Poder Judicial mediante el respeto a las normas que lo regulan. Si no se hace así, entonces los abusos y la corrupción seguirá siendo una constante en juzgados, agencias del Ministerio Público y corporaciones policiacas.
De acuerdo con la última reforma judicial en Puebla, hay dos requisitos básicos para que alguien pueda ser magistrado: tener un mínimo de 35 años y 10 años de haberse titulado como abogado.
A partir de que se estableció esa regla, se entendió que se debía aplicar de igual forma para los miembros del Consejo de la Judicatura, que es el órgano rector de control administrativo, operativo y de disciplina del Poder Judicial de Puebla.
Y resulta que Pedro Antonio Martínez Hernández es un licenciado en Derecho que, hasta principios de este año, nunca había sido parte de un juzgado o había participado en la redacción de una sentencia. El caso es que llegó como secretario a la Segunda Sala de lo Civil y en agosto de este año, dio un salto súbito y fue nombrado miembro del Consejo de la Judicatura, del cual a partir de este jueves es el nuevo presidente.
Martínez Hernández tiene 29 años y apenas ocho años de haberse titulado como abogado en el Instituto de Estudios Universitarios, de acuerdo con la cédula profesional con el número 11383388. Es decir, le faltan siete años de edad y dos años de experiencia en el ejercicio profesional.
Su doble condición de ser muy joven y ajeno a los grupos que tradicionalmente han controlado el aparato de administración de la justicia, por un lado, desconcierta que no tenga experiencia; pero, por otro lado, hay voces internas de este poder público que opinan que se le debe otorgar el beneficio de la duda y que podría significar un cambio profundo en la forma de actuar de jueces y magistrados.
Ante este panorama queda claro que si Pedro Antonio Martínez quiere legitimarse y provocar una revolución interna del Poder Judicial, hay cuatro asuntos fundamentales en los que debe mostrar voluntad y capacidad.
Primero: debe contener a las dos mafias internas del Poder Judicial que, tienen como líderes a César Iván Bermúdez Minutti y Daniel Iván Cruz Luna, de quienes es un “secreto a voces” que influyen en el proceder de muchos jueces a la hora de dictar sentencias.
Segundo: es fundamental que haya castigos contra magistrados y jueces –que actualmente son intocables– que se han visto involucrados en polémicos fallos que ha implicado la liberación de homicidas, feminicidas y abusadores sexuales.
Tan solo en el último bienio hay, por lo menos, unas dos docenas de casos muy destacados en que se tiene la percepción de que se “vendió” la justicia.
Tercero: se tienen que mejorar los precarios salarios del personal y dotar a los juzgados de los insumos fundamentales para funcionar correctamente, que pasa por tener adecuadas instalaciones para el resguardo y control de archivos, que en algunos lugares se almacenan en “cajas de huevos” y en lugares húmedos e inseguros.
Cuarto: tiene que mejorar la calidad y la cantidad de los fallos judiciales. Actualmente, es ridículo el número de sentencias frente a la ola de delitos y de violencia que a diario sufre la población.
Si Pedro Antonio Martínez solamente se dedica a adoptarse a los intereses y vicios de quienes dominan la esfera judicial, su futuro será igual de catastrófico que los últimos magistrados que fueron cabeza de este poder público.
Se debe de ver en el espejo Roberto Flores Toledano, Héctor Sánchez Sánchez, Carlos Palafox Galeana y José Eduardo Hernández Sánchez, quienes fueron los titulares del Poder Judicial de los últimos nueve años y todos tuvieron un final penoso, catastrófico y con sospechas –en un par de casos– de haber incurrido en actos ilegales.
Fredy Erazo Juárez llega a limpiar la FGE
Un hecho sorpresivo y positivo fue el cambio radical en el cual Fredy Erazo Juárez dejó el cargo de magistrado del Poder Judicial y ha sido designado como titular de la Fiscalía Investigadora de Delitos de Alta Incidencia.
Su traslado a la Fiscalía General del Estado (FGE) –cuya titular es Idamis Pastor Betancourt– significa que será una pieza clave para depurar a este organismo, que se ha visto involucrado en escándalos de sobornos y lavado de dinero, de algunos de los fiscales que acaban de ser echados de la dependencia encargada de la procuración de justicia.
Algo que caracterizó a Erazo Juárez en el periodo de casi un año en que se desempeñó como magistrado, es que mostró preocupación y sensibilidad en la forma en que labora el personal de este poder público.
Eso provocó que en su oficina se viera, de manera constante, un desfile de trabajadores de salas y juzgados exponiendo múltiples problemas laborales y personales.
Un comportamiento que lo llevó a distinguirse del resto de magistrados que siempre han actuado con frivolidad y negligencia frente a los problemas estructurales del Poder Judicial.
Erazo Juárez tiene un largo historial como litigante, como consultor jurídico y como encargado de temas legislativos, pues llevaba el manejo técnico de la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República en el periodo en que Alejandro Armenta Mier fue el titular.
Es uno de los hombres de confianza del gobernador y, seguramente, será el responsable de operar muchos de los cambios que urgen en la FGE para mejorar el complejo y difícil panorama de la seguridad pública en el estado.
