Utilizando un decreto supuestamente firmado por el dictador Porfirio Díaz, los invasores de dos áreas de los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga han cambiado caprichosamente a su favor la geografía del municipio de Puebla, al establecer con la complicidad de notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad de Tlaxcala que la colonia Agrícola Zaragoza, ubicada al norte de la capital poblana, sin que haya existido un proceso legislativo de por medio, ha dejado de pertenecer a la Angelópolis y ahora ya es territorio tlaxcalteca.
Todo eso para aparentar que los terrenos en cuestión fueron adquiridos legalmente, que no fueron invadidos y que las ventas de lotes que han realizado en los dos últimos años, son legales.
El sustento del engaño es que notarios públicos de Tlaxcala están otorgando falsas escrituras sobre las compras de los lotes y, de manera inexplicable, se han anotado las transacciones en el Registro Público de la Propiedad del vecino estado.
Incluso, han llagado al extremo de la desfachatez de crear el fraccionamiento La Esperanza, mismo que carece de servicios públicos, de permisos de construcción y de una declaratoria de uso de suelo.
Con todas estas argucias han querido seguir engañando a decenas de compradores de que la adquisición de terrenos fue legal y que las propiedades, aunque aparentemente están en la ciudad de Puebla, en realidad pertenecen al municipio de Tenancingo, Tlaxcala.
Todo ese montaje venía funcionando bien, hasta que el pasado 19 de junio hubo una demolición de viviendas construidas en los predios invadidos, por una intervención de las autoridades federales.
Esa situación llevó a que naciera la duda de los afectados que compraron de buena fe y que ahora están viendo el riesgo de que pierdan su inversión en la compra de los lotes, así como la construcción de inmuebles.
Los invasores, que estarían vinculados a la empresa Agua Inmaculada, han querido revertir ese ambiente de entendible confusión de los compradores de terrenos, que los adquirieron meses después de que los predios fueron objeto del delito de despojo en contra de la Fundación Julita y Antonio, que es la auténtica propietaria de las tierras ubicadas en la colonia Agrícola Zaragoza.
Para ello los invasores han colocado mantas con las proclamas: “¡AQUÍ ES TLAXCALA! ¡NO ES PUEBLA! SOMOS PARTICULARES. Y NO SOMOS UN GRUPO DELICTIVO” (Sic).
Y, sobre todo abusan, de la ignorancia e incredulidad de los compradores, a quienes les han hecho creer que ahí ya no es Puebla, sino Tlaxcala, y que no están asentados en la colonia Agrícola Zaragoza, sino en el Ex Rancho Moratilla.
Todo eso pese a que en los alrededores los vecinos pagan servicios públicos e impuestos en la capital poblana, además de votar por los candidatos a cargos de elección popular del estado de Puebla y sus teléfonos tiene la lada territorial de la Angelópolis.
En un intento de encontrar una alternativa jurídica para seguir engañando a los colonos timados, los invasores decidieron buscar un amparo en contra de la autoridad que demolió varias de las viviendas en una de las dos zonas que fueron objeto de un despojo en contra de la Fundación Julita y Antonio.
Era un intento con doble intención: demostrar a la gente que la demolición de casas había sido un posible abuso de autoridad y que la zona de conflicto es de Tlaxcala, no de Puebla.
Para ello, se convenció a 20 de los afectados de que firmaran la solicitud de amparo 1248/2025 que se interpuso ante el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala.
El principal autor de ese recurso legal es José Luis Hernández Ortega, quien aparece como supuesto daño de las hectáreas en disputa.
El juzgado en un primer momento, aunque admitió el juicio de amparo, les negó a los quejosos la suspensión temporal del acto reclamado.
Y luego de ello, tal como correspondía, el juzgado le pidió información a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) del Ayuntamiento de Puebla para que explicara: ¿por qué está interviniendo en un área –la colonia Agrícola Zaragoza— que no es de su competencia?
Tal interrogante se motiva porque los promotores del amparo sostienen que son de Tlaxcala y los agreden las autoridades de Puebla.
El pasado 8 de octubre, la SGDU contestó lo siguiente al juzgado de distrito: esa dependencia nunca ha intervenido en algún asunto de Tenancingo, Tlaxcala, y que la zona en conflicto es parte del municipio de Puebla.
Ante tal contestación, el juzgado acabó desechando la demanda de amparo al no haber materia jurídica, pues los quejosos dicen que el bien inmueble reclamado está en Tlaxcala y una instancia oficial demuestra que esa parte es la ciudad de Puebla.
Todo este montaje raya en lo absurdo, pero es posible por tres razones fundamentales:
Primera: la actitud pasiva de la Fiscalía General del Estado de no querer intervenir contra quienes cometieron el despojo.
Segunda: el comportamiento evasivo de Karina Romero Sainz, la titular de la SGDU, que se niega a intervenir contra la ilegal constitución de la falsa colonia La Esperanza, instalada sobre los terrenos invadidos.
Tercera: porque Puebla es tierra de impunidad y un paraíso para los invasores de bienes inmuebles.
