Bien dicen “después de la tempestad, llega la calma”, y la calma es lo que urge que llegue al Consejo de la Judicatura en Puebla después de gestiones que han sido caóticas y altamente mediáticas.
Recordemos que la reforma al Poder Judicial aprobada en el barbosismo provocó una serie de cambios, entre ellos, la creación del Consejo de la Judicatura. Esta figura es importantísima porque, en la ley, está establecido que quien lo presida lleva consigo la representación del Poder Judicial, aunque en la práctica no sea así.
Desde la reforma, la protesta e incertidumbre han reinado en el Poder Judicial. No olvidamos la estrepitosa salida de Héctor Sánchez, víctima de una persecución política durante el barbosismo.
Tampoco la gestión de Carlos Palafox, que provocó huelgas y protestas por la limpia que intentó hacer al interior del poder.
Hoy hay calma, sí, con el magistrado Eduardo Hernández Sánchez, sin embargo, tampoco es eso lo que se necesita porque pocos nos enteramos de lo que sucede en tan importante instancia del Poder Judicial.
Desde hace unos días, ha comenzado a figurar el nombre de Pedro Antonio Martínez Hernández, quien, se los puedo confirmar, llegará eventualmente a la presidencia del Consejo de la Judicatura, actualmente ya es miembro de este.
Su llegada podría marcar una nueva etapa en el proceso de modernización y estabilidad del Poder Judicial del estado, de cara a las elecciones de jueces y magistrados en 2027.
Lejos de las tensiones que caracterizaron a otras gestiones como la salida de Héctor Sánchez o el convulso periodo de Carlos Palafox, hoy la institución atraviesa una fase de calma operativa.
No hay amenazas de paros, ni protestas, ni rezagos graves en el cumplimiento de funciones jurisdiccionales, incluso frente a temas sensibles como la próxima reforma electoral que implicará la elección de jueces y magistrados.
Aunque se le ha cuestionado su corta trayectoria judicial, Martínez Hernández ha compensado la experiencia con cercanía: ha visitado juzgados, atendido las inquietudes del personal y priorizado la atención ciudadana.
Además, los señalamientos sobre una supuesta falta de requisitos para ser consejero se basan en una lectura errónea del artículo 89 constitucional, que regula la designación de magistrados, no la de consejeros.
En resumen, un relevo que apunta a la renovación sin fractura y a la consolidación de una administración judicial más cercana y funcional.
Esperemos que también más mediática. Si bien en el Poder Judicial hay una anquilosada política de “no litigar en los medios”, es verdad que sus integrantes siguen alejados y la cercanía será básica para futuras renovaciones.
Van en la lectura correcta aquellos que ya lo ven como presidente del Consejo, pero se equivocan si creen que será para mal.
Queda.
