El gobernador Alejandro Armenta Mier ha dado un golpe de timón que, lejos de la grilla política diaria, toca una fibra sensible y largamente olvidada, la dignidad de los cuerpos policiacos. Y es que, si algo les faltaba a los elementos de seguridad en Puebla, era precisamente eso, ser tratados como lo que son, los verdaderos héroes de la entidad.
El Ejecutivo estatal no llegó con las manos vacías. Encabezó la entrega de más de 110 millones de pesos destinados al Programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las Familias de los elementos de seguridad. Una cifra que, por sí misma, es histórica y marca la diferencia entre el discurso y la acción.
Pero el compromiso de Armenta no paró ahí. Se afianzó en la promesa de lograr la adquisición de 180 hectáreas para entregar un pie de casa o un lote a los integrantes de las policías. Esto es ponerle rostro humano a una corporación que arriesga la vida todos los días y que, en sexenios pasados, fue vilmente utilizada y maltratada.
El mensaje del mandatario es claro, y bien vale la pena destacarlo en este espacio: “Ustedes cuidan a las y los poblanos y nosotros cuidamos a sus familias”. Una frase que resume el pacto social que debe existir entre el gobierno y quienes portan el uniforme. Es decir, mientras el policía cuida la calle, el gobierno tiene la obligación moral y material de proteger la retaguardia, el hogar, la familia que espera.
Armenta ha sido puntual al recordar que el reconocimiento no es solo monetario. En medio de un escenario donde la seguridad es el principal reto, los indicadores delictivos en Puebla han marcado una disminución, destacando el 52% en el delito de feminicidio. Cifra dura, sí, pero que exhibe el compromiso de las corporaciones.
Por eso, el gobernador echó mano de la memoria para señalar lo “indigno” que era el seguro de vida que existía, elevándolo a un millón de pesos. Sumado a la ampliación de becas y la garantía de pensión a los familiares, estas son acciones de justicia social que reparan el abandono histórico.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González no hizo más que refrendar este espíritu, al señalar que el programa es una muestra de gratitud no solo para el personal operativo y administrativo, sino también para las familias que esperan con “esperanza, amor y orgullo”. Una reflexión justa y necesaria.
Finalmente, la titular de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, puso el acento en el concepto de justicia social. Y es que darle un hogar o mejorar la calidad de vida de quienes nos cuidan, es la mínima retribución de una sociedad que les debe mucho.
El mensaje de fondo es ineludible: se acabó el tiempo donde los policías eran carne de cañón. Hoy, la visión de Armenta es clara, dignidad y respeto para los verdaderos héroes de Puebla. La promesa está en el aire y la ciudadanía, junto a los uniformados, estará atenta a que las 180 hectáreas se conviertan en hogares.
Puente La Panga, un símbolo contra la exclusión de 70 años
Pero la agenda de la justicia social del gobernador no se detiene en los cuerpos de seguridad. El Ejecutivo estatal puso bajo los reflectores nacionales otra obra de alto impacto social, el puente de La Panga.
En una clara referencia al desdén histórico de las administraciones anteriores, Armenta denunció ante medios que esta obra salda una “deuda histórica” de 70 años de menosprecio y exclusión hacia comunidades indígenas como San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela, separadas por el lago de Valsequillo.
La magnitud de la obra no es menor. El puente de 480 metros de longitud tiene la capacidad de reducir el cruce del lago de 50 minutos a tan solo un minuto y medio. Más allá de la ingeniería, esto es un acto de unión, justicia social y reconciliación con el territorio, beneficiando directamente a 1.7 millones de personas e impulsando la movilidad y el comercio entre siete municipios. Es, en palabras del propio gobernador, una muestra de cómo piensan los “gobiernos humanistas”, salvando vidas y uniendo familias.
Y aquí viene el toque de astucia política y sustentabilidad: el puente forma parte de un rescate integral de Valsequillo. De la mano con la Conagua y las universidades, se impulsa el proyecto “Fertipue” para convertir el lirio acuático, un problema ambiental, en materia prima para producir adoquines y composta. “Donde antes se veía un problema, hoy encontramos una solución sustentable”, afirmó el mandatario.
Tanto en el caso de los policías como en el de La Panga, la narrativa del gobernador Armenta es consistente: corregir los agravios y olvidos del pasado con acciones concretas de justicia social. Toca a la administración mostrar que estos no serán meros gestos, sino el inicio de una nueva forma de gobernar.
