La sospecha de que se está fraguando un fraude electoral en el Sindicato de Burócratas es tan fuerte, que no solo proviene de la disidencia, sino también lo han denunciado nueve miembros del Comité Ejecutivo de la organización que han acusado directamente al secretario general, Jhovani Oliver Gallo, de estar violando los estatutos para favorecer al candidato oficial a ser dirigente del gremio: Emanuel de Jesús Rodríguez.
En el anterior espacio de Cuitlatlán se expuso que Jhovani Oliver Gallo ha convocado a la firma de un pacto de “Civilidad, Respeto y Responsabilidad” –en la tarde de este viernes– a todos los que son aspirantes a contender por la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), que se deberá resolver en los primeros días del próximo mes de diciembre mediante el voto de los 3 mil 400 afiliados a la organización.
El propósito de ese pacto es que solo sea suscrito que los candidatos afines a Jhovani Oliver Gallo y quienes no lo hagan, sean descalificados de la contienda.
Es la misma estrategia que se utilizó en diciembre de 2021 para dejar fuera a la líder de la disidencia sindical, Martha Rodríguez Salinas, lo que acabó desatando un litigio laboral de dos años y que los trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla se quedarán durante todo ese tiempo sin una representación gremial, sin mejoras salariales y de prestaciones.
Ni sus allegados lo quieren
Jhovani Oliver Gallo llegó al cargo en las peores condiciones posibles, pues lo persigue “la sombra” de que logró esa posición como consecuencia de una elección fraudulenta, en la que solamente dejaron participar a los candidatos afines a la anterior secretaria general, Virginia Socorro Meza Cruz.
Solo mediante trampas se podía entender que el grupo político de Meza Cruz pudiera repetir en el manejo del sindicato, luego de que la anterior dirigente colaboró con la política represiva del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, que echó a la calle a miles de trabajadores del sector público estatal.
El gobierno de Alejandro Armenta Mier está pagando las consecuencias de esa época obscura, ya que el Poder Ejecutivo le han cargado pasivos por más de 5 mil millones de pesos como consecuencia del costo que implica pagar los laudos que cientos de trabajadores que ganaron sus juicios por haber sido despedidos de manera injustificada por el morenovallismo.
Ante ese panorama tan desfavorable para Oliver Gallo, todo apunta a que quiere repetir el esquema de imposición que se utilizó hace cuatro años para colocarlo a la fuerza como secretario general, puesto en el que solo acabará estando 15 de los 36 meses que correspondían al actual periodo sindical.
La diferencia es que hace cuatro años Virginia Meza tenía unido a su Comité Ejecutivo. Y ahora, Oliver Gallo es denunciado de querer fraguar un fraude hasta por sus propios allegados que son parte de la dirección gremial.
Un par de días después de que Jhovani Oliver Gallo convocó al pacto en cuestión, de manera sorpresiva, nueve integrantes del Comité Ejecutivo del sindicato le mandaron un documento al dirigente en donde le advierten que los estatutos de la organización no lo facultan para intervenir en el proceso electoral, por lo que está violentando la renovación de la dirigencia.
Apuntan que él no puede decidir quienes son candidatos a la dirección sindical y que no puede intervenir en nada en el proceso de renovación de la Secretaría General.
Con ese comportamiento –le recriminan– está invadiendo las esferas de desempeño del Comité Electoral, mismo que todavía no se elige, lo cual ocurriría en un par de semanas.
Establecen que de acuerdo con las normas internas tendría que ser sancionado y tal vez, hasta destituido.
No lo pueden someter a un proceso disciplinario debido lo inoperante que es la Comisión de Honor y Justicia, que dirige María Karina Hernández, pues este órgano está sometido a los intereses de Oliver Gallo, se apunta en la parte intermedia del documento.
En ese escrito acusan que Emanuel de Jesús Rodríguez es “el candidato oficial” que Oliver Gallo quiere imponer como su sucesor.
Sin dar detalles, califican a Emanuel de Jesús Rodríguez de ser un personaje “indigno”, que habría cometido actos ilícitos.
Por tanto, acusan que el objetivo del pacto es que el secretario general quiere controlar y someter a los candidatos a la Secretaría General para que, entre otras cosas, estén obligados a guardar silencio sobre los actos fuera de la ley que habría cometido Emanuel de Jesús Rodríguez.
Los firmantes del documento –del que este tecleador tiene una copia– son los siguientes: Jesús Esteban Ortega Galicia, secretario de Crédito y Vivienda; María Celia Marcos Lozano, secretaria de Acción Femenil; Aleida Rodríguez Barreto, secretaria de Servicios Médicos; José Óscar Páez Moreno, secretario de Organización Sindical; Gretchen Fuguemann Mota, secretaria de Actas y Acuerdos; Beatriz Sumano Sánchez, secretaria de Acción Cultural y Eventos Especiales; Guadalupe Cholula Flores y Judith Méndez Balderas, de la Comisión de Hacienda, y Noé Ugalde Paredes, secretario de Deportes.
No cabe duda de que la elección del Sindicato de Burócratas camina a ser un conflicto explosivo.
