La noticia de que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa sancionó con 363 y 242 millones de pesos e inhabilitó con 20 y 15 años a la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, y al subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, podría terminar en una decepción y en un nuevo caso de impunidad.
De entrada, porque esas sanciones de orden administrativo aún no están firmes y porque los inculpados podrían impugnarlas en el ámbito local y federal, argumentando fallas procesales, entre ellas que la instancia investigadora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incurrió en omisiones como haber citado a la entonces directora de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, Guillermina Canseco Carrera, para que explicara cómo y por qué contrató los servicios Accendo Banco, qué razones tuvo para invertir en esa institución de banca múltiple 600 millones de pesos y si no existió un estudio o evaluación sobre tal ente financiero que estaba a punto de la quiebra y quién le ordenó hacer esa millonaria transferencia.
Lo anterior no es una apreciación mía, sino de un abogado especialista en Derecho Administrativo, que durante un sexenio laboró en la Contraloría del estado, hoy Secretaría Anticorrupción, pero que además conoce del caso y de los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave 134/2024-PRA- SERA-2 y 133/2024-PRA- SERA-2 seguidos contra María Teresa Castro y José Enrique Girón.
Según este abogado, ambas resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del estado “podrían caerse con un amparo bien puesto”, así hayan salido por unanimidad de los tres magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.
En su opinión, las multas impuestas son onerosas e infundadas, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es la instancia encargada del Gobierno federal de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores, aún no determina si el Gobierno de Puebla podrá recuperar algo de los 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco.
Por esa situación, sostiene que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción aún no procede penalmente, ni puede fincar delitos, pues las sanciones administrativas todavía no están firmes, además de que podrían caerse por omisiones en el procedimiento administrativo y porque funcionarios relevantes que tuvieron que ser citados a comparecer, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre ellos la actual secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, quien entonces fungía como directora de Presupuesto y Política Presupuestal, y la directora de la Tesorería, Guillermina Canseco, para conocer las condiciones y resultados de esa inversión y saber por qué se eligió a Accendo Banco para transferirle 600 millones de pesos, nunca fueron citadas.
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Empleados que fueron contratados en la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla y que se quedaron a laborar seis meses más después del 31 de diciembre de 2024 en que concluyó su contrato, con la promesa de sus salarios les serían pagados una vez que el nuevo director Juan Enrique Rivera Reyes tomará las riendas del organismo, aún siguen en espera de justicia.
Entre estos figuran Deslyth Mendoza Hannia Toral, Ricardo Toral, Dania González y Jacob Sánchez. Algunos incluso tuvieron que acudir al Tribunal de Arbitraje del estado para reclamar el pago de sus salarios.
Los empleados argumentan que si se quedaron a laborar es porque tenían necesidad y porque la promesa de que su trabajo sería retribuido se las hicieron el entonces titular de la Comisión Luis Javier Cervantes Gómez, la secretaria particular del secretario de Gobernación del estado, Araceli Cedillo, y el coordinador administrativo de la Segob, Juan Manuel Arriaga.
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