Si de verdad el Gobierno de Puebla tiene un compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad, las sanciones impuestas a la exsecretaria de Finanzas del gobernador Miguel Barbosa, María Teresa Castro Corro, por el Tribunal de Justicia Administrativa no deberían quedarse en una inhabilitación de 20 años y al pago de una multa por 363 millones de pesos, sino ampliarse al ámbito penal, sumándole otros delitos como daño patrimonial derivados del contrato celebrado con la empresa que durante 2020, 2021 y 2022 se encargó de administrar las fotomultas, la jalisciense Intecproof S. A. de C. V.
Teresa Castro no solo es responsable de la pérdida de 606 millones que el Gobierno del estado invirtió en Accendo Banco, sino de los casi 300 millones de pesos que la administración estatal perdió con Intecproof por la implementación de una plataforma que se encargaría del monitoreo vial a través radares de velocidad, administrar las infracciones por exceso de velocidad y detectar vehículos buscados a través de matrícula y del sistema de control del padrón vehicular del estado.
Esta anomalía incluso fue motivo de una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno del estado en su cuenta pública del ejercicio 2022.
Además, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción tendría que informar qué fin tuvieron las tres denuncias penales que la Secretaría de Finanzas en la gestión de Sergio Salomón Céspedes presentó en contra de exfuncionarios de esa dependencia por los 606 millones de pesos que mal invirtieron en una institución que se fue a la quiebra, entre los cuales estaban Teresa Castro y quien fuera su subsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, quien por cierto también fue sancionado por la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas con una multa de 242 millones de pesos y 15 años de inhabilitación del servicio público.
Otra cuestión de la que tendrían que dar cuentas el gobierno de Alejandro Armenta y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, al margen de lo que haga el Tribunal de Justicia Administrativa, es el avance de las investigaciones en torno a la funcionaria que solapó y encubrió esos millonarios quebrantos, primero como titular de la Secretaría de la Función Pública y luego como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez Nava.
Amanda Gómez no es ajena a la pérdida de los 606 millones del Gobierno de Puebla invertidos en Accendo Banco.
Ella mejor que nadie sabe que los llamados “Lineamientos para la gestión financiera y manejo de disponibilidades financieras en operaciones de inversión” con los cuales Teresa Castro pretendió justificar la transferencia de recursos a Accendo Banco se hicieron después de su quiebra y una vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) canceló su permiso como institución de banca múltiple.
La contralora ocultó ese hoyo financiero y validó esos Lineamientos como secretaria de la Función Pública y como titular de la ASE fue omisa y jamás observó ese millonario daño patrimonial a la hacienda estatal.
Por lo anterior, insisto en que el gobierno de Armenta y la Fiscalía del estado deben informar si además de las sanciones administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa, Teresa Castro y Amanda Gómez Nava serán sujetas de procedimientos penales por los delitos de peculado, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y enriquecimiento ilícito.
No hay que perder de vista, según lo documentó el periodista Israel Velázquez, que Teresa Castro adquirió de contado una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, apenas seis meses después de su renuncia a la Secretaría de Finanzas de Puebla para incorporarse como asesora del entonces subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo de Botton Falcón.
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Los pronósticos se hicieron realidad: la doctora María Guadalupe Morales Espíndola ganó las elecciones de director en la Facultad de Administración de la BUAP. Ganó 6 de los 7 votos sectoriales de docentes, tiene asegurado el voto del director saliente José Aurelio Cruz de los Santos, y el voto de los administrativos.
Al cierre esta columna el conteo de votos de estudiantes apenas se había iniciado, estos se estaban distribuyendo mayoritariamente a favor de la compañera de generación del gobernador Alejandro Armenta, y de los otros dos candidatos: Ricardo Paredes Solorio y Beatriz Herrera López.
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