El mensaje es tan contundente que ha puesto a temblar a más de una decena de exfuncionarios: la actual administración que encabeza Alejandro Armenta Mier no dejará pasar ningún pecado del pasado. Ninguno. No hay cacería de brujas, pero tampoco habrá impunidad; las sanciones serán tan severas como establezca la ley y no hay intocables.
Sin importar que se trate de un gobierno que también haya emanado de la cuarta transformación (4T), los delitos que se cometieron tendrán sanciones y castigos.
A María Teresa Castro Corro, la todopoderosa secretaria de Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa Huerta (2019-2022) y consentida personal de él y de su esposa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco Caballero, se le halló responsable del desfalco a las arcas de Puebla por más de 600 millones de pesos.
Hay, por lo pronto, consecuencias administrativas, pero estas podrían ampliarse a otros terrenos judiciales.
Por el caso de la fallida inversión en Accendo Banco, quien se ostentó como una “austera” funcionaria del barbosismo,quedó inhabilitada por 20 años para ejercer otro cargo público y se le fijó una sanción económica por casi 363 millones de pesos.
Esa fue la determinación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado.
Las determinaciones que se toman ahí tienen consecuencias, análisis y origen; ahí los juristas no se mandan solos. Tienen dueño, jefe, patrón o como se le quiera denominar.
Hay cosas que, por obviedad y por la gravedad de los casos, se consultan.
Se anuncian.
Las miradas se cruzan y las anuencias llegan.
Que lo entienda quien lo pueda entender.
El caso de María Teresa Castro Corro y Accendo Banco anuncia que vendrán más sanciones, sancionadas y sancionados.
El castigo por lo pronto para ella es ejemplar: 20 años de inhabilitación.
Es casi vitalicio.
Hay más datos que convierten el caso en emblemático.
Castro Corro era consentida de Miguel Barbosa. Desde sus tiempos en el Senado, que presidió.
Hay quienes aseguran que la veía “como a una hija”.
Incluso generaba celos entre otros integrantes del gabinete.
Cuentan los cercanos que ella no salía de Casa Aguayo.
En algunas conferencias de prensa, Barbosa la presumió como una “funcionaria ejemplar”.
Por supuesto, confió en ella con los ojos bien cerrados.
Llegó a decir que era tan austera, que comía en las fonditas de 70 pesos por menú corrido.
El finado exmandatario la puso como paradigma de honestidad.
La realidad –esa terca– hoy lo desmiente.
Así se explica cómo le permitió una inversión de más de 600 millones de pesos que resultó fallida y fraudulenta, porque la entidad en que se realizó, Accendo Banco, era frágil y terminó declarándose en quiebra en 2021.
El dinero de las y los poblanos se esfumó.
Sin que haya todavía comprobación oficial, ha trascendido en diversos espacios que la viuda de Miguel Barbosa, la hoy diputada federal María del Rosario Orozco, intercedió por ella ante altas esferas.
Se ve que no funcionó su solicitud.
La ley se ha aplicado llana, lisa y tan severa como es.
Y falta lo de Fóndika, otra fallida inversión de Castro Corro con dinero del erario, solo que esta por 6 mil millones de pesos.
Será un milagro que no haya consecuencias penales.
¿Seguirá este desfile de exfuncionarios hacia el patíbulo de merecidas sanciones?
Es previsible que así sea.
¿Quiénes pueden seguir?
Hay muchos y muchas.
Grandes candidatos y candidatas a la horca.
De botepronto, podemos recordar que Sergio Vergara Berdejo, extitular de Cultura, tiene un tema pendiente con los supuestos chips que se adquirieron para resguardar y clasificar obras, pero resultaron un fraude.
También hay exfuncionarios del morenovallismo que tienen denuncias pendientes por los casos Audi y Barroco.
La lista es larga.
Con el caso Castro Corro, el régimen armentista ha pasado de la narrativa de la denuncia dura de los delitos del pasado, a la acción concreta.
El mensaje es uno solo: no hay intocables.
Nadie –y nadie es nadie– está a salvo.
