Lo que en el sexenio de Moreno Valle se proyectó como una Ciudad Modelo por las empresas y parques industriales que ahí se construirían, las universidades y centros educativos que se instalarían, y los fraccionamientos y unidades habitacionales que se desarrollarían, hoy es una población de pesadilla.
Los habitantes del fraccionamiento AISA, ubicado en la llamada Capital de la Tecnología y Sostenibilidad (anteriormente conocida como Ciudad Modelo), en San José Chiapa, están a oscuras, no tienen alumbrado público debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detectó que el sistema de iluminación estaba conectado de forma ilegal: directamente al suministro eléctrico, sin contrato ni medidor.
Esta irregularidad fue responsabilidad directa de la empresa Constructora AISA, quien ha sido notificada y no ha ofrecido ninguna solución hasta la fecha.
Además, el cuarto de bombas de agua fue entregado sin protección eléctrica, lo que ha causado daños en los variadores y dejado sin agua a los vecinos por semanas y el elevador instalado es de baja calidad y sin protección eléctrica, falla constantemente y representa un riesgo para los usuarios.
Pero eso no es lo más grave. Resulta que los propietarios de casas de Ciudad Modelo están imposibilitados de vender sus inmuebles por adeudos de casi seis años, en los que no tienen ninguna responsabilidad.
Desde diciembre del 2019, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue) dejó de cobrar por el servicio de agua potable en Ciudad Modelo, argumentando una falta de acuerdo con el municipio de San José Chiapa sobre la administración del servicio.
El suministro de agua nunca se interrumpió –de hecho, el acceso al agua ha sido eficiente y de buena calidad–, pero desde entonces los usuarios no pueden pagar el servicio porque Ceaspue no les permite hacerlo, generando una deuda acumulada que no es culpa de los ciudadanos.
Algunos contribuyentes sí quieren pagar y ponerse al corriente, pero no existe un mecanismo oficial para hacerlo. Esta situación ha generado deudas acumuladas, convirtiendo a las y los habitantes en deudores involuntarios, sin que hayan tenido forma legal de cumplir con sus obligaciones.
Este limbo administrativo ha derivado en un problema legal grave. Conforme a la legislación vigente del estado de Puebla, no se puede vender una vivienda que tenga pagos pendientes de agua potable, aunque dichos adeudos no hayan sido generados por voluntad del propietario.
Tal situación ha frenado completamente la compraventa de inmuebles en Ciudad Modelo para quienes tienen una casa o propiedad con contrato activo de agua.
En noviembre del año pasado el Gobierno del estado y el Ayuntamiento de San José Chiapa anunciaron que estaban en negociaciones para resolver este conflicto.
Sin embargo, es la hora que el problema persiste con propietarios que no pueden vender sus viviendas y con potenciales compradores que no pueden adquirirlas.
¿Cómo es posible que el gobierno siga impulsando nuevos desarrollos en Ciudad Modelo sin antes resolver esta problemática, que ya afecta a cientos de familias?
¿Cómo se insiste en desarrollar en San José Chiapa una capital de la tecnología y la sostenibilidad, cuando las autoridades estatales y municipales no han podido solucionar la falta de alumbrado público y el cobro del agua potable?
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