Tal como se advirtió en este espacio periodístico, el clero católico de Puebla no es respetuoso de las normas laborales y no es congruente con su discurso de justicia, pues la mañana de ayer jueves, en el Centro de Conciliación Laboral del Estado, un abogado que representa a los intereses de la Arquidiócesis de Puebla se negó a otorgar la liquidación que por ley corresponde a quien fuera por 12 años la contadora general de Cáritas, quien arbitrariamente fue despedida hace ocho meses por haber observado abusos cometidos con los donativos que recibe esta fundación.
Eso es reflejo de que la Arquidiócesis de Puebla –que tiene como cabeza pastoral a Víctor Sánchez Espinosa– se conduce con una doble moral, de la siguiente manera:
Los miembros del clero católico para dar sermones dominicales aplican la Doctrina Social de la Iglesia y hablan de la justicia y el amor como ejes rectores de una vida apegada a los principios del catolicismo; pero para resolver sus conflictos laborales, aplican las mañas y los vicios patronales, propios de los socios de Coparmex, para negarle a los trabajadores el goce de sus derechos y para abusar de sus necesidades económicas.
Uno de los grandes males de México es la existencia de un sistema de justicia laboral que está diseñado para favorecer a los patrones y joder a los trabajadores.
Cuando un asalariado se decide a denunciar un despido injustificado o la falta de cumplimiento de obligaciones económicas de un patrón, se enfrenta a mecanismos que llevan a alargar los juicios por meses o años, además de sufrir maltratos y abusos del personal de los tribunales y centro de mediación laboral.
Eso lleva a que lo agraviados deben resistir toda una vida el pelear sus derechos sin tener ingresos económicos y con periodos infames para resolver cada etapa de un litigio.
Tal situación explica porque en Puebla hay 30 mil juicios laborales locales y 40 mil litigios federales en espera de años para ser resueltos.
Esas prácticas de abuso laboral son las que ahora está utilizando la Arquidiócesis de Puebla contra Guadalupe Sánchez Briseño, quien el 15 de enero de este año, sin justificación alguna y sin darle una liquidación, la despidieron como contadora general de la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, que es el órgano del clero católico destinado a brindar ayuda médica, alimentaria y de asilos a los pobres.
Fue en diciembre de 2024 cuando le pagaron la última quincena a Sánchez Briseño y ocho meses después, la Arquidiócesis de Puebla hace que “le habla el tío Lolo” en el tema de pagarle su liquidación laboral.
La agraviada demandó desde principios de este año y hasta este jueves –tal como se relató en el Cuitlatlán anterior–se realizó la audiencia en el Centro de Justicia Laboral del Estado, en la que se debía presentar de la parte patronal la propuesta de liquidación.
Un abogado que representa a la Fundación Cáritas llegó a la audiencia para decir que no había propuesta de liquidación y que, tal vez, en la siguiente cita del 8 de septiembre, quizás ahora sí ya se tenga un ofrecimiento.
La forma en que se comportó ese litigante es el trato característico de los abogados patronales de Puebla, que actúan con prepotencia y perversión.
Queda claro que la Arquidiócesis de Puebla quiere cansar, hartar, desilusionar, a la contadora afectada.
No es solamente jugar con lo tiempos, sino también con mentiras.
El argumento que ha intentado utilizar la Fundación Cáritas para no pagar la liquidación, es aseverar que la contadora Guadalupe Sánchez Briseño, de un día para otro, sin justificación alguna dejó de cumplir con sus obligaciones laborales. Ya no se presentó a trabajar.
Esa versión carece de todo sustento, toda vez que la contadora se vio obligada a entregar a un despacho privado las cuentas bancarias, informes financieros, las claves del sistema del pago de nóminas y de emisión de facturas que utiliza Cáritas.
Proceso que quedó asentado en actas de entrega-recepción, en las cuales se estipuló que la mujer dejaba de fungir como responsable contable de la fundación por determinación del cuerpo directivo del organismo.
De todo eso tuvo conocimiento Rutilio Ramos Pérez, el vicario episcopal de la Arquidiócesis de Puebla y quien supervisa directamente el funcionamiento de Cáritas.
Visto de otra manera, la Arquidiócesis está recurriendo a la mentira que, se supone, es uno de los pecados que castigan los clérigos de este culto religioso.
