El coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, anunció que la administración que encabeza Alejandro Armenta Mier va con todo en contra de los carteles inmobiliarios y la red de corrupción que se ha tejido para despojar de casas y terrenos a mucha gente.
El funcionario estatal anunció que en breve presentará una iniciativa ante el Congreso local para combatir el despojo, una práctica que ya se ha hecho casi común en Puebla debido a la colusión de autoridades de todos los niveles.
El gobernador Armenta y García Parra anunciaron que se reformará el Código Penal de Puebla para castigar a los involucrados en fraudes inmobiliarios y despojos.
La reforma busca sancionar a quienes simulen cargos públicos o suplanten identidades para cometer fraudes, así como imponer penas de cárcel a notarios o fedatarios públicos que participen en estas actividades ilícitas.
Y es que se han detectado verdaderas redes de corrupción en donde se involucran funcionarios públicos, notarios, jueces y empresas fachada para despojar de manera ilegal a los legítimos dueños de sus propiedades, tal y como ha ocurrido en varios casos aquí en Puebla capital y el área conurbada.
Algo que se ha detectado es que los carteles inmobiliarios se aprovechan de la vulnerabilidad de los propietarios, especialmente en casos de propiedades deshabitadas o en disputa legal. Utilizan documentos falsificados o actos jurídicos simulados para apropiarse ya sea de casas o de terrenos.
Los casos más recientes se han presentado en la colonia Gobernadores, en donde siete familias fueron despojadas mediante un acto jurídico simulado, avalado por jueces en Oaxaca o San Andrés Cholula, lo que deja en claro la colusión con autoridades judiciales.
En muchos de estos casos, los carteles también utilizan la extorsión y la intimidación para poder amedrentar a sus víctimas de manera psicológica y que cedan sus bienes; en algunos casos hasta se hacen pasar por autoridades para engañar a los afectados.
La medida que buscan impulsar el gobernador Armenta y el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, es más que oportuna y necesaria. Ojalá que el Congreso local le dé prisa, para que, de esta forma, se castigue ya a este grupo de delincuentes de cuello blanco que se dedican a lastimar a las personas en su patrimonio.
Un correo
Al correo de Las Serpientes nos llegó el siguiente mensaje relacionado con los carteles inmobiliarios.
“El juez séptimo de lo mercantil de ciudad judicial Puebla Humberto Borja Sánchez y el señor José Tomás Hernández Pérez se ‘amafiaron’ para despojarme de mi casa, ya que el expediente se encontraba en otro juzgado en el décimo segundo de asuntos financieros y obviamente no me notificaron violando mi derecho por ley a ser notificado en el domicilio correspondiente pero no hubo dicho documento.
”Posteriormente me enteré que el señor José Tomas Hernández Pérez y el banco Monex compraron la cartera vencida del banco Santander y así paso un tiempo hasta que llegó una notificación que ellos ya estaban peleando la casa y que nunca me avisaron que ya habían procedido y el expediente cayó en manos del juez séptimo de lo civil, Humberto Borja Sánchez y ahí me violentaron mis derechos al no ser notificado, esto claramente en contubernio con José Tomas Hernández Pérez, ya que empezamos a mover la contestación de juicio que interpusieron Monex y José Tomas, pero el juez nunca aceptó que las notificaciones estaban ilegales y así sucesivamente.
”Puse a través del abogado la documentación de la admisión del recurso y siempre me lo negó el juez eso se vio claramente que recibió algún soborno porque es imposible que no haya aceptado en resolver a mi favor, porque así sería más fácil despojarme de mi casa y el día del desalojo existían todavía dos recursos que no habían contestado por parte del juzgado séptimo mercantil y ya había autorizado dicho desalojo y entre José Tomas Hernández Pérez y el diligenciario jamás me entregaron ningún documento en propia mano de dicho desalojo utilizando a la fuerza pública, sin yo oponer resistencia ni mi familia y obligándome a firmar que todo lo que se encontraba en mi casa se iba en una mudanza, es obvio que ya les urgía despojarme y no esperaron a la contestación de los dos recursos para que se fuera abajo todo lo que promovieron ya que desde un principio se violó la ley de que se me notificara dicho cambio de juzgado y dicho cambio que ellos ya habían promovido ante el juez séptimo de lo mercantil, esta es mi historia y espero que el gobernador Armenta me haga justicia”.
