Un tema delicado dentro de la reforma electoral, que pretende impulsar la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tiene que ver con la desaparición de los diputados plurinominales o de representación proporcional.
El tema es tan polémico que les pega no solo a los partidos de oposición, sino también a los partidos satélite, los aliados de Morena, el PT y el Verde, cuyas dirigencias gozan también del beneficio de esta medida.
De tal manera que, actualmente el Partido Verde cuenta con una bancada de 73 diputados, de los cuales 20 accedieron a San Lázaro por la vía de la representación proporcional; en tanto, el PT cuenta con un total de 50 diputados, de los cuales 13 llegaron por la ruta de las pluris.
Generalmente, estas 20 diputaciones “pluris” del Verde y las 13 del PT son para los amigos, las amigas, los recomendados, los juniors, allegados a las dirigencias de ambos partidos políticos, los cuales no ven con buenos ojos que desaparezca la vía de la representación proporcional creada por el PRI en 1977, la reforma de Reyes Heroles y que ahora será la reforma de Pablo Gómez.
Ambos partidos satélites pierden sus privilegios de ir en coalición con Morena, no así el de conformar el bloque oficialista en San Lázaro.
Queriendo o no queriendo, las dirigencias nacionales tanto del Verde como del PT van a tener que tragar sapos ante los designios de la presidenta Sheinbaum.
Y es que, sin la representación proporcional, el Verde solo habría ganado 53 distritos de 300 en el país y el PT solo tendría 37 curules ganadas en tierra y eso que se subieron a un “tsunami” llamado Claudia Sheinbaum.
Las dos rémoras temen que sin la representación proporcional sus números se desvanezcan y con ello también las prerrogativas, que son un tema aparte y es que también se busca ahogar financieramente al resto de los partidos que no sean Morena, pero esa, esa es otra historia.
El auditor trae la guadaña en la mano
Los mensajes en las últimas semanas han sido muy claros para todos los ex presidentes municipales y demás organismos que tienen que ver con el tema de la rendición de cuentas, no habrá impunidad para nadie.
Tampoco es una “cacería de brujas”, es simplemente un tema de rendición de cuentas, que todos los involucrados en el tema del servicio público saben que tienen que cumplir.
“Sobre aviso no hay engaño”, reza el refrán y en este caso aplica perfectamente para todos los involucrados en el tema de la rendición de cuentas, ya que los llamados por parte de la Auditoría Superior del Estado han sido constantes.
Los omisos no podrán alegar que fueron sorprendidos, los pliegos de observaciones en su contra ya fueron emitidos desde hace tiempo y los plazos para solventar las cuentas están a punto de fenecer, si no es que ya lo hicieron.
Las advertencias han venido de los más diversos ámbitos, desde el gobernador Alejandro Armenta, pasado por la líder del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, hasta el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, por lo que nadie, reiteró, se puede llamar “sorprendido” cuando se dieron inicio a los procedimientos en contra de los ex servidores públicos.
Uno de los casos más representativos es el del ex presidente municipal de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, y del alcalde sustituto Adán Domínguez Sánchez, cuyas cabezas se encuentran en la picota desde hace tiempo y no pueden llamarse víctimas de una persecución política.
En el mismo tenor también se encuentra la pasada administración de Tehuacán, que encabezó Pedro Tepole, principalmente con relación a los contratos firmados con la empresa O. Limpia S. A. Esto, solo por mencionar algunos casos de los más significativos.
Solo por mencionar un caso, en 2022 18 sujetos obligados, 17 ayuntamientos y un organismo autónomo no respondieron a los pliegos de observaciones realizados en su contra por parte de la ASE, por lo que deberán asumir las consecuencias de sus actos y responder a las denuncias penales correspondientes que se integren en contra de los responsables.
En la mayoría de los casos, las observaciones están relacionadas con la mala gestión de los recursos públicos, adjudicaciones irregulares de contratos y falta de transparencia.
El tema es muy delicado y no debe de tomarse a la ligera por parte de las autoridades municipales o de los organismos autónomos, porque sin importar la filiación político-partidista, no habrá impunidad para nadie.
