Lo ocurrido en los dos últimos fines de semana pone en evidencia una doble realidad opuesta: la primera es que en Puebla las autoridades solapan y protegen las invasiones de bienes inmuebles. La segunda es que las instancias federales sí están atendiendo los reclamos de justicia frente a dicho fenómeno delictivo. Tales diferencias se exponen con los hechos acontecidos recientemente en la ex fábrica textil La Covadonga, ubicada al norte de la capital, y con la Ex Hacienda de San José Zetina, al sur de la misma metrópoli.
Estos son los dos hechos comparativos:
Antecedentes: unas 22 hectáreas de la ex fábrica textil de La Covadonga, que se fundó en 1889, fueron invadidas desde 2023 por un grupo armado. A lo largo de los dos últimos años, en un par de ocasiones autoridades estatales y municipales se negaron a ejecutar diligencias en la zona de conflicto argumentando que no había condiciones de seguridad.
Actualidad: luego de esas negativas de las autoridades locales de intervenir en La Covadonga, de manera sorpresiva, en la madrugada del pasado 21 de junio ingresó un operativo de la Guardia Nacional y de la Marina que recuperó nueve de las 22 hectáreas invadidas y derribó una serie de inmuebles que se habían construido de manera ilegal.
Antecedentes: desde hace tres años están invadidas 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, también por un grupo armado. El 16 de noviembre de 2023 se dictó una resolución judicial que ordena restituir los predios en cuestión a sus propietarios y, asunto curioso, también en dos ocasiones –de manera más o menos similar a lo que pasó en La Covadonga– el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó al lugar del conflicto a cumplir con el mandato del juez y luego se retiró, argumentando que era insegura el área en que se debían realizar los operativos.
Actualidad: en la mañana del pasado 11 de julio, se armó un tercer intento de restituir las 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina y acabó abortando, porque no llegó el agente del Ministerio Público que era el responsable de encabezar ese acto jurídico. Es decir, la FGE vuelve a incumplir con el mandato del juez.
Conclusión: si en Puebla a alguien le invaden una propiedad inmobiliaria de gran tamaño, debe ir a buscar la ayuda de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Federación, y no tocar la puerta de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, que es un fiasco en este tipo de asuntos.
Se filtró la información del operativo
La historia del tercer intento de restitución de los predios de San José Zetina es la siguiente:
El 10 de julio de este año, es decir hace dos semanas, el agente encargado de la investigación de la invasión de los terrenos de San José Zetina se comunicó, a eso de las 15:00 horas, con el representante legal del propietario de los terrenos, para comunicarle que, al día siguiente, el viernes 11 de julio, a las 7:00 de la mañana en punto, se llevaría a cabo la restitución de las tierras, tal como lo ordenó un juez desde hace dos años.
Para ello, se solicitó el apoyo de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla y de la FGE para que, entre las tres instancias, se juntaran 600 agentes y se garantizara que nadie pudiera frenar la diligencia.
En la mañana del día programado, llegaron el propietario de los terrenos y sus abogados al punto de reunión: frente a Ciudad Judicial.
También, un poco más tarde, arribaron al sitio acordado 60 agentes de la Policía Ministerial, pero se ausentaron los integrantes de las corporaciones del estado y del municipio de Puebla.
Por tanto, solo había el 10% de la fuerza policiaca convocada. Sin embargo, eso no fue el hecho más grave.
Resulta que el agente del Ministerio Público, que es el encargado de la carpeta de investigación y de cumplir con el mandato del juez, simplemente no llegó.
Por tanto, ahí de manera improvisada se nombró a Roberto Hernández, quien es comandante de la Policía Ministerial, que asumiera la responsabilidad de encabezar el operativo.
Lo único que hizo ese jefe policiaco es que, a las 8:26 de la mañana, decretó que “no había condiciones” para realizar la intervención de la FGE.
Dato curioso: un día antes al operativo, a la 9:53 de la noche, el abogado de los acusados de ser los invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina presentó un oficio ante la FGE en donde pedía que se cancelara la restitución de los terrenos, tras argumentar que era un acto ilegal.
Surge una pregunta básica: ¿cómo se enteró el abogado si se supone que esa información solo se podía compartir con el dueño de los predios?
Queda claro que en la FGE se filtra la información a favor de los acusados de cometer delitos.
