No es uno, no son dos, tampoco tres… Ya son varios los casos y todo parece indicar que va a empeorar.
La violencia política de género (VPG) se está utilizando en México como un descarado mecanismo de censura de manera preocupante.
Esto se debe a que algunos personajes políticos –de la 4T, pero también del PAN y PRI– están instrumentalizando esta figura legal para silenciar críticas y acallar a periodistas y ciudadanos que los cuestionan o critican en pleno uso de su libertad de expresión.
Los casos más recientes deberían prender todas las alarmas.
El de Karla Estrella Murrieta, una ciudadana que fue sancionada por el Tribunal Electoral por publicar un tuit crítico sobre la diputada Diana Karina Barreras, bautizada y ridiculizada como “Dato Protegido”. La sentencia incluyó disculpas públicas durante 30 días y una multa.
El de Jorge González, un periodista de Campeche que fue inhabilitado y vinculado a proceso tras una denuncia de la gobernadora Layda Sansores.
El de Héctor de Mauleón y Ángel Camarillo, periodistas que enfrentan procesos judiciales por sus investigaciones. En el caso de De Mauleón, columnista de El Universal, trascendió que su domicilio privado incluso está siendo vigilado con un dron, luego de que el INE le hizo llegar una notificación para eliminar una información en la que escribió sobre una red de huachicol con operaciones en Tamaulipas.
El de Laisha Wilkins, una conocida actriz, muy activa y crítica en la red social X, que fue demandada por violencia política de género por responder con una risa a un post sobre una candidata a ministra de la Suprema Corte.
El de Radio Teocelo, una de las emisoras comunitarias más importantes y antiguas en México, que enfrenta una persecución judicial por ejercer un periodismo crítico e independiente. En mayo de 2024 transmitió un spot de un minuto, en formato de caricatura política, que cuestionaba malas prácticas como corrupción, nepotismo y candidaturas plurinominales, sin mencionar nombres, partidos, familias ni lugares. Luego de la transmisión de esa cápsula, Mara Chama Villa, hija del exalcalde de ese municipio, Mario Antonio Chama Díaz, los denunció por VPG.
Y el de la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, quien acusa de violencia política a un medio de comunicación que reveló un supuesto desvío de 898 millones de pesos en su administración y pide 15 días de disculpas públicas.
Ya no es una casualidad.
Políticos y políticas de piel sensible, reacios a la crítica –ya no se diga a la autocrítica–, encontraron ya el camino fácil y cómodo para, con la complicidad de jueces y autoridades electorales corruptas, limitar o frenar en seco a periodistas y ciudadanos.
Victimizarse bajo el argumento de sufrir violencia política de género es la nueva amenaza a la libertad de expresión en México.
Hoy, hacer un comentario o difundir alguna información delicada sobre alguna mujer política –no en razón de su género, sino por su desempeño en la arena pública– es casi como jugar a la ruleta rusa.
En Puebla ha habido varios casos, bastante conocidos: algunos muy justificados por los excesos cometidos, otros meros instrumentos de gente con poder para amedrentar, acosar, perseguir, amordazar y desprestigiar.
El clima de terror que se ha construido so pretexto la “violencia política de género” es a todas luces injustificable.
Pero, hay que decirlo, se enmarca en los tiempos que corren: tiempos de intolerancia, de generaciones de cristal, de censura, de victimización y de autocompasión, fenómenos a los que –por cierto– no son ajenos los integrantes de la nueva camada de reporteros y reporteras poblanas, que no hubieran soportado los choques prensa-poder en los gobiernos de Manuel Bartlett Díaz, Mario Marín Torres o Rafael Moreno Valle Rosas. Hoy, hasta una simple mirada feroz del poder los lastima.
En resumen: la instrumentalización de la violencia política de género está generando miedo y autocensura entre periodistas y ciudadanos, limitando la libertad de expresión y el debate público.
Y lo peor es que la utilización de esta figura para silenciar críticas, deslegitima la lucha genuina contra la violencia política de género y debilita la protección efectiva de las mujeres en política.
Hay un patrón sistemático de censura institucional y judicialización de la crítica.
La “violencia política de género” es la nueva, y más eficaz, arma de políticos y gobernantes para evadir la rendición de cuentas, ocultar sus abusos y acallar a quienes los denuncian.
Como diría el clásico: “Qué asquerosidad es esto, ¡eh!”
