Si realmente se investiga a profundidad el escándalo que ha destapado el diario israelita The Marker, que narra los sobornos al gobierno peñista para que un par de empresarios de ese país tuvieran vía libre para vender en México el software espía Pegasus, el asunto seguramente llegaría a Puebla. Todo apunta que fue esa coyuntura lo que permitió al entonces mandatario panista Rafael Moreno Valle Rosas adquirir ese sistema cibernético, que fue el instrumento principal para su aparato represivo que abarcó una lista de más de 300 presos, procesados y perseguidos políticos.
Aunque ahora lo que importa no es revivir lo que ya se sabe, que la administración Moreno Valle compró el software Pegasus violando las reglas israelitas de que ese instrumento tecnológico podía ser adquirido solo por el Gobierno federal, ser utilizado por áreas de seguridad nacional y que no se podía emplear para el espionaje político o contra la población civil que no estuviera involucrada en temas de terrorismo y crimen organizado.
Lo que realmente sería relevante en la actualidad es saber: ¿a quién se le quedó el software espía Pegasus que compró Moreno Valle?, ¿quién lo está operando?, ¿está en manos oficiales o de particulares? y ¿qué relación tiene con la obtención de grabaciones telefónicas que en los últimos años han sido objeto de escándalo político en Puebla?
Un experto en la materia, en los últimos días de diciembre de 2020, le comentó a este columnista que tenía la certeza de que el Pegasus morenovallista estaba en posesión de particulares, sin que supiera si –en ese momento– se estaba utilizando por el Gobierno estatal emanado de Morena o en contra de la 4T.
O el sistema había salido del estado de Puebla, para ser utilizado en alguna otra entidad del país.
Era una incógnita que le inquietaba a esa fuente informativa y tal parece que le interesaba saber qué había pasado con ese sistema de espionaje. Dio por sentado que se seguía utilizando.
Al final, no le alcanzó el tiempo para saber qué pasó con dicho software, ya que una semana más tarde perdió la vida por las complicaciones de la COVID-19.
Ese personaje era Alberto Amador Leal, quien en su momento fue un alto funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y era un especialista en asuntos de inteligencia, además de tener una larga y destacada carrera política.
En aquella ocasión, le narró a este columnista –frente a una taza de café– una historia que sirve para entender por qué tenía la fuerte sospecha de que el Pegasus morenovallista se quedó bajo el uso de particulares.
Al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto, el entonces comisionado de Seguridad Nacional, Manuel Mondragón y Kalb, lo mandó a llamar y le encargó una misión especial y sumamente delicada.
Durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa se adquirieron 800 sistemas de Pegasus para la supuesta “guerra contra el narcotráfico” del entonces gobierno de la República, que al final se supo que en realidad solo fue una guerra limitada contra los enemigos del Cartel de Sinaloa.
La encomienda a Alberto Amador Leal era saber dónde estaban esos softwares y quién los estaba utilizando. O mejor dicho, contra quiénes se estaba enfocando su uso.
Al cabo de varios meses, los resultados eran de miedo: dos terceras partes de esos equipos estaban con reporte de “robo” o de “desaparecidos” en las áreas de Seguridad Pública y de Inteligencia.
Pero en realidad se pudo establecer que la mayoría de los sistemas estaban instalados en cuartos de hotel, en “casas fachadas” que simulaban ser sedes de empresas de diferentes servicios o incluso en domicilios particulares.
Esa sustracción de los equipos la habían realizado los grupos de espionaje que controló Génaro García Luna, cuando fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón.
Y lo más grave es que la mayor parte de los Pegasus estaban al servicio de diferentes facciones del crimen organizado y que, al mismo tiempo, ofrecían sus servicios a diferentes gobiernos estatales que querían saber los pasos de grupos políticos opositores.
Era un hallazgo tan delicado que, sin empacho, Alberto Amador Leal le narró a dos periodistas –entre ellos este tecleador– que mejor había decidido apartarse de las labores de Seguridad Nacional.
Un día, de plano le dijo a Manuel Mondragón: “sáqueme de esta tarea porque de lo contrario me van a matar”.
El Pegasus se entrenó con la privatización del agua
Una de las grandes ventajas que Rafael Moreno Valle Rosas tuvo en el proceso electoral de 2010 –año en que ganó la gubernatura de Puebla y derrotó al PRI, su antiguo partido– es que sabía siempre lo que se planeaba y se discutía en el cuartel de su oponente, el priista Javier López Zavala, debido a que tenía infiltrado a todo el aparato de campaña del tricolor.
Se dice que ese sistema de espionaje se lo habría proporcionado una empresa líder en telecomunicaciones, aprovechando la buena relación que tenía con los altos directivos de esa firma.
Al arrancar su administración, se dice que varias empresas del ramo de telecomunicaciones le vendieron las llamadas “sábanas de llamadas”, que era una relación de las comunicaciones telefónicas que hacían los líderes de partidos de oposición, periodistas, activistas sociales y empresarios que eran calificados de “enemigos” del morenovallismo.
El periódico israelita The Marker reveló el fin de semana que dos empresarios, Avishai Neria y Uri Ansbacher, habrían entregado 25 millones de dólares en sobornos en 2012 al naciente gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para que estos dos personajes que, en ese entonces estaban asociados, tuvieran vía libre para vender en México el software Pegasus, al mejor postor.
Se sabe que fue en esa coyuntura que –en 2013– se compró el Pegasus que utilizó la administración morenovallista, el cual a diferencia de las “sábanas de llamadas”, permitía espiar todo: conversaciones telefónicas, redes sociales, correos electrónicos y conversaciones personales.
Para operar el software Pegasus se contrató a dos expertos: Héctor Arrona, que pertenecía al grupo de Jorge Tello Díaz, uno de los principales directivos que tuvo el Cisen en la época de los gobiernos del PRI, y Joaquín Arenal, que era uno de los mejores espías que tuvo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
A Arenal lo habían cesado del Cisen, pero cuando estalló en 1994 la rebelión zapatista de Chiapas lo recontrataron para que encabezara las labores de contrainsurgencia.
Años más tarde, lo mandaron a Puebla como delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para espiar al entonces gobierno de Manuel Bartlett Díaz, por órdenes directas del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
Joaquín Arenal murió súbitamente siendo el encargado del espionaje morenovallista.
Narran personajes cercanos al exagente estrella del Cisen que el sistema Pegasus se estrenó en torno a un proceso vital para el morenovallismo, que fue la privatización del servicio de agua potable, en 2014. Es decir, la entrega de ese servicio público a la insufrible empresa Agua de Puebla, que llegó bajo el control financiero de la familia Hank González.
Desde 2013, se habría espiado a legisladores, empresarios, activistas sociales y, sobre todo, a altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, para detectar y “neutralizar” a tiempo a todos aquellos actores que podían frenar el proyecto de convertir el agua en una mercancía con enormes ganancias y contratos leoninos por más de 30 años.
El segundo propósito fue utilizar Pegasus como una herramienta fundamental para el frustrado proyecto de Rafael Moreno Valle Rosas de ser candidato presidencial de México.
En ese sistema de espionaje se dice que se gastaron cientos de millones de pesos y se tuvo la protección, o mejor dicho la complicidad, del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se sabe que la información procesada era entregada al entonces principal operador del morenovallismo, Eukid Castañón Herrera, quien ahora sigue haciendo labores de intriga política, pero a favor de la 4T.
