Por graves errores y contradicciones que hay entre las pruebas y evidencias que aportó la Fiscalía General del Estado (FGE) y las declaraciones de testigos en el juicio por feminicidio que se sigue contra Javier López Zavala y dos de sus presuntos cómplices, Jair Mauricio Domínguez Rodríguez y Silvestre Vargas Ramírez, en el asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez, este proceso judicial podría complicarse en perjuicio del Poder Judicial y la imagen del Gobierno del estado.
Y no porque desde el gobierno se haya instruido al juez Joel Mendoza Medel a que ayude al excandidato del PRI a la gubernatura para librar la acusación por el crimen de su expareja y madre de su hijo, sino porque la carpeta de investigación que en su momento integró la Fiscalía contiene inconsistencias, como las relativas a la camioneta de la víctima y los vehículos usados por los presuntos autores materiales para ejecutar a Cecilia Monzón o para huir de Puebla.
Por ejemplo: la Fiscalía de Feminicidios pretendió incorporar como prueba la camioneta de la víctima, una Kia color azul, modelo 2018, sin embargo, los abogados defensores hicieron notar que las placas de circulación de esta eran diferentes a las que describió el perito en su dictamen. Las primeras tenían la serie alfanumérica RFM549C, y las del perito RDM549C, ambas del estado de Morelos.
Otra más, los testigos de la FGE dijeron que Jair Mauricio Domínguez huyó de Puebla después de la ejecución de Cecilia Monzón, el 21 de mayo de 2022, en una camioneta Dodge Durango color roja. Sin embargo, en audiencias anteriores, otros agentes narraron que ese vehículo se desvieló en la autopista que va de Puebla a Oriental antes de la tragedia, por lo que fue llevada a un taller de esta población, donde días después a la ejecución fue asegurada por agentes ministeriales.
No es la única contradicción en este punto, pues los apoderados legales de ADO testificaron que el 21 de mayo Jair compró un boleto para viajar de la Central del Sur de Taxqueña, en la Ciudad de México, al estado de Morelos.
Sobre la motocicleta que el supuesto sicario Silvestre Vargas Ramírez y el conductor de la misma habrían utilizado para ejecutar a Cecilia Monzón cerca del cruce de Periférico Ecológico y Camino Real a Cholula también hay inconsistencias.
En una primera instancia los peritos que participaron en la localización de la unidad refieren que se trata de una motocicleta Tornado 2018, marca Vento de color negro, con número de serie LD3VAGBD6J1005030, pero en el testimonio de la perito en mecánica e identificación vehicular Brenda Jazmín Meneses León, ya solo la describe como una Tornado 2018, sin mencionar la marca ni su número de serie.
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Robo de carga en la Central de Abasto podría destapar cloaca de corrupción
La denuncia de un comerciante que llegó a la Central de Abasto de Puebla con aproximadamente ocho toneladas de aguacate de Uruapan, Michoacán, podría dejar al descubierto una red de corrupción en la que podrían estar implicados tres funcionarios municipales de la capital: el director de Mercados, Marco Antonio Rosete González; el subsecretario de Vía Pública y Mercados, Mauro Nava Rossano, y el encargado de oficina de este centro, René Rojano Ramírez.
Los hechos ocurrieron el 12 de junio de 2025. Ese día, como a las cinco de la tarde, ingresó un camión de la marca Volkswagen, tipo rabón, con una carga de aguacates. La unidad se estacionó en el andén de la bodega 10, hasta donde llegó una grúa que lo enganchó y se lo llevó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Rancho Colorado, porque supuestamente el vehículo carecía de placas y estaba reportado como robado. Ahí, la mercancía de José Eduardo Rojas González, que compró a crédito y con valor de 400 mil pesos, desapareció.
Antes de que eso sucediera José Eduardo recibió un mensaje vía WhatsApp del número 221 235 6640, de una persona que se identificó como empleado de la Dirección de Mercados, para decirle que si quería recuperar sus guacales de aguacates tendría que “caerse con una lana”.
Cuando el comerciante finalmente se trasladó a Rancho Colorado encontró el camión, pero ya sin las ocho toneladas de ese fruto.
Por supuesto que protestó y presentó una denuncia por robo ante la Fiscalía General del Estado que quedó asentada en la carpeta de investigación FGE/CDI/CGIRV/R.VEHICULO-I/007349/2025, que ahora se ampliará por el delito de extorsión, pues como no quiso pagar un dinero para que le devolvieran su mercancía, esta se esfumó sin que nadie de la Dirección de Mercados y la Secretaría de Seguridad le pueda explicar dónde terminaron sus aguacates.
Momento en el que una grúa se lleva un camión VW cargado de aguacates que había llegado a la Central de Abasto de #Puebla, fue escoltada por patrullas de la Policía Municipal pic.twitter.com/k13lPhD3Zj
— Periódico e-consulta (@e_consulta) July 4, 2025
Foto: Especial
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