A toro pasado, ya con la mirada y la reflexión que permite el transcurso del tiempo, del cochinero que resultó de principio a fin la elección judicial –un modelo de “elección” que el régimen busca imponer en el país, basado en irregularidades que ni el PRI se atrevió a cometer en su más oscura época y sin la participación de los ciudadanos en la organización y realización de los comicios–, siete importantes conclusiones pueden extraerse, según un reciente informe de la consultora Integralia.
A saber:
1. Baja participación, alta inducción: tal como se advirtió hace meses, la elección judicial federal estuvo marcada por una muy baja participación y una alta inducción del voto. Las 16 personas que aparecían en los acordeones “oficiales” y que competían para cargos en el ámbito nacional (Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior) obtuvieron triunfos. En el caso de las salas regionales del Tribunal Electoral, se observó el mismo efecto, pues, salvo en la Sala Regional de Toluca, su integración fue idéntica a los acordeones circulados.
2. Participación heterogénea: la participación nacional fue de 13%, con Coahuila (PRI) con la mayor tasa (24.3%) y Guanajuato (PAN) con la menor (6.7%). Los estados gobernados por Morena se distribuyeron entre 9% (Baja California) y 19.5% (Veracruz, que tuvo elección municipal y de Poder Judicial local). Por su parte, los estados gobernados por el PAN y MC estuvieron por debajo de la tasa nacional.
3. Récord de votos nulos: aunque solo votó el 13% de la lista de electores, se emitieron más de 450 millones de votos para todos los cargos federales en disputa. Muchos de ellos fueron votos nulos o en blanco. Se trata de la mayor cifra de votos de este tipo en una elección federal en la historia: en total, hubo 58 millones de votos nulos y 59.8 millones de recuadros sin utilizar.
4. Inducción diferenciada del voto por entidad: aunque en los cargos nacionales ganaron todos los candidatos “oficiales” y, en el caso de la Corte, el candidato Hugo Aguilar ganó en la mayoría de las entidades, se observan diferencias locales. Por ejemplo, Lenia Batres obtuvo más votos en Baja California Sur, CDMX, Guerrero, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, o bien, Arístides Guerrero obtuvo una elevada votación en Chiapas y San Luis Potosí. Algunos gobernadores o líderes políticos locales orientaron sus apoyos con base en intereses propios.
Foto: Especial
5. Mayor voto entre personas de baja escolaridad: en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Puebla y Tabasco el voto para los candidatos oficiales entre población con primaria terminada fue inusualmente alto. En contraste, la mayor parte de las candidaturas perdedoras tuvieron porcentajes similares de votación entre todos los niveles educativos.
6. La degradación de los estándares de integridad electoral es un riesgo para futuras elecciones: por ejemplo, que en nombre de la austeridad se asignen menos recursos para las elecciones de 2027 y con ello se obligue al INE a reducir el número de casillas, la calidad del material electoral o a modificar la legislación para que los votos se cuenten en los consejos distritales del Instituto.
7. Riesgo de una reforma electoral: la presidenta Claudia Sheinbaum anunció al inicio del año que al pasar la elección judicial enviaría una segunda propuesta de reforma electoral (plurinominales, financiamiento público a partidos políticos y costos de organización electoral, entre otras cosas). La postura crítica de varias consejerías electorales respecto a la baja integridad de la elección, que Morena y el gobierno rechazan, podría estimular que la eventual iniciativa incluya una nueva conformación del Consejo General del INE o incluso una nueva forma de elegir a sus integrantes.
Lo peor es que la 4T, tal como se esperaba, obró el “milagro”: el 90% de los ciudadanos votó por los candidatos que aparecieron en los tristemente célebres “acordeones” para la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, una coincidencia que probabilísticamente es equivalente a sacarse la lotería nacional.
El rosario de irregularidades es enorme y debería prender los focos rojos sobre el futuro de los procesos democráticos en el país, con un INE sometido que toleró absolutamente todas las prácticas fraudulentas que se pensaban erradicadas o contenidas desde hace décadas: relleno de urnas, boletas planchadas, es decir, sin doblar (lo que convalida que no fueron ingresadas en la casilla); superávit de votos (los sufragios emitidos superaron el número de votantes), casillas zapato (los candidatos se llevaron el 100% de la votación, otras con folios consecutivos llenados con una caligrafía idéntica, otras con un porcentaje de participación físicamente imposible de alcanzar por un simple cálculo de tiempo), “ratón loco”, acarreados de beneficiarios de las becas Bienestar, “operación tamal” y material electoral que luego apareció con boletas llenadas en la urna.
La elección judicial solo fue un ensayo; un anticipo de cómo quiere el régimen que sean las futuras elecciones.
Sí. Así de grave.
