Luego de la elección del 1 de junio, entre los propios funcionarios de salas y juzgados del Poder Judicial de Puebla (PJP) ha surgido una interrogante: ¿La 4T va a esperar, o mejor dicho va a aguantar, hasta el año 2027 para intentar cambiar la deplorable condición en que se encuentra el PJP?
En la opinión de muchos actores, la situación que guarda el PJP ya es insostenible por su mal funcionamiento, por una falta de autoridad en su interior, por las malas condiciones de la infraestructura y los bajos salarios, así como la corrupción y abusos de magistrados y jueces, que casi nunca son sancionados.
Luego de que el 1 de junio se renovó la mayor parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) mediante el voto popular, le tocará al PJP vivir una transformación similar en el proceso electoral de 2027, en el cual mediante los sufragios de la población se seleccionará a nuevos jueces y magistrados, además de que se elegirá a los integrantes del órgano encargado de sancionar la disciplina interna.
Hay un aspecto muy importante que es necesario resaltar sobre el proceso de cambio que ya ocurrió hace dos semanas, a nivel federal, y que va a acontecer en Puebla, dentro de dos años, que consistente en lo siguiente:
En la mayor parte de la estructura del Poder Judicial Federal hubo, desde un inicio, un fuerte rechazo a la reforma de este poder público, mismo que sigue presente.
Muestra de ello fue el reciente incidente en que funcionarios de este ámbito agredieron verbalmente al jurista Bernardo Bátiz y Vázquez, en un acto convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que calificó como una “revolución silenciosa” la reciente elección judicial.
Mientras que en Puebla ocurre todo lo contrario, entre trabajadores, funcionarios e incluso, algunos jueces y magistrados del PJP, hay mucho optimismo, esperanza, expectativa, de que la próxima renovación del Poder Judicial signifique el frenar o por lo menos reducir los vicios, abusos e inercias que han generado un grave deterioro del aparato de administración de la justicia en el estado.
Esa condición se percibe en las pláticas de “radio pasillo” y, sobre todo, en las redes sociales de miembros del PJP, donde hay más mensajes exhibiendo la corrupción y el cinismo de muchos magistrados y jueces, que en mostrar rechazo el proceso de reforma judicial que emprendió la 4T.
Por ejemplo, en los últimos días se ha exhibido hasta el cansancio el comportamiento ominoso de dos integrantes del Consejo de la Judicatura, que por precaución se omiten sus nombres en esta columna, pero que su conducta constituye un escándalo que nadie atiende.
Se trata de un magistrado que para nadie es un secreto que, cada vez que hace visitas a los juzgados “se embrutece de alcohol”, escribe en sus redes sociales un conocedor del tema.
Entonces, ya saben los miembros de los juzgados que, con ese magistrado, “se borran con alcohol” las huellas de errores y abusos cometidos.
Hay otro caso de una integrante del Consejo de la Judicatura que es famosa por su omiso comportamiento.
Dice un mensaje en la red social: “otra consejera… que deja pasar las faltas más graves de los jueces, con tal de no tener problemas con nadie ¡Esto es cobardía!”
También se ha destacado lo que es una situación evidente y deplorable, que se ha expuesto muchas veces en este espacio, que es la falta de autoridad en el PJP.
El presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, ejerce el cargo sin autoridad, pues no se involucra en resolver los problemas del PJP, pese a que ocupa el cargo de mayor jerarquía.
Y en cambio, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, aprovecha todos los espacios públicos para presentarse como la figura central del PJP, cuando en realidad su cargo carece de autoridad y ya casi es solo decorativo.
Mientras hay esos vacíos en la cúpula del Poder Judicial poblano, la realidad en los juzgados es que se carece de insumos materiales, de zonas adecuadas y protegidas de archivos, así como de espacios suficientes para el personal, para los asistentes a las audiencias y, muchas veces, hasta para guardar los insumos de limpieza.
Los salarios de la mayoría de los trabajadores del PJP está por abajo del promedio que ganan los burócratas de los tres poderes públicos de Puebla.
Todo eso ocurre, mientras algunos integrantes del PJP se hacen ricos vendiendo la justicia al mejor postor.
Por eso se debe insistir: ¿va a resistir la 4T con estas condiciones terribles del PJP hasta el año 2027?
La falta de seguridad pública y de justicia en Puebla es la demanda más sentida de la población y la razón por la cual la gente castiga en las urnas al partido que está en el poder. Es algo que debería tener presente la 4T rumbo a la elección intermedia que habrá en un par de años.
