Hace apenas unos días, el periodista Zeus Munive revelaba en su columna Vicios Ocultos la intención del expresidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez de reagrupar a sus leales, cuando a las pocas horas la Auditoría Superior del Estado daba a conocer que existen observaciones en contra del exedil por más de mil 100 millones de pesos, de las cuales 251 millones encuadran como posible daño patrimonial.
Rivera Pérez cuenta con 30 días para poder contestar a las observaciones realizadas a su cuenta pública correspondiente al 2023, el último completo de su gestión, porque en el mes de febrero de 2024, el entonces alcalde de Puebla solicitó licencia para irse a buscar la candidatura de la alianza opositora que enfrentó en ese proceso al hoy gobernador, Alejandro Armenta.
La cifra señalada por la ASE y ratificada por su titular deja en claro que existió un enorme desorden administrativo durante la gestión que encabezó el panista, quien entregó una serie de contratos de diversas empresas, algunos sin ni siquiera registrar el número de contrato.
El verdadero escándalo estriba en el posible daño patrimonial cometido a las finanzas municipales, por 251 millones de pesos, derivado de diversos contratos de servicios profesionales, científicos, técnicos, difusión por radio y televisión de contenido exclusivo a través de Internet.
Se trata de 67 contratos por un monto de alrededor de 101 millones de pesos; adicionalmente, también se registran contratos absurdos. Arki Joman, quien se dedica a otorgar servicios de mantenimiento a fuentes, por un monto de 5 millones de pesos y otro por 10 millones a la misma empresa por mantenimiento integral de las áreas permeables de la ciudad (sic), a este se suma otro contrato por 11 millones de pesos adicionales y por el mismo concepto.
Otra cifra que llama la atención es un supuesto contrato por 23 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Chapingo, cuyo objeto fue “suministro y colocación de árboles y plantas para el municipio de Puebla”.
Son varios los contratos de la administración “riverista” que pueden ser objeto de revisión y hasta suspicacia por parte de las autoridades, como el otorgado a la empresa “Magrett la Cocina del Chef”, por un monto de 11 millones de pesos, por concepto de servicio integral para la comida de las fiestas decembrinas.
Esta es solo la punta de “iceberg” dentro de la administración municipal, porque aún queda por solventar la cuenta pública del 2024, la más polémica y también sujeta a muchas dudas, por haberse tratado del periodo en el cual estuvo al frente el edil sustituto, Adán Domínguez, quien fue señalado en diferentes ocasiones por tener un desorden administrativo, aún peor al señalado a Rivera Pérez.
Para Eduardo Rivera, quien siempre ha presumido como su principal virtud su honorabilidad y el haber sido, según él, perseguido político por Rafael Moreno Valle, esto representa un fuerte golpe, cuando reiteró que buscaba reagruparse para tratar de ir nuevamente por recuperar el control del PAN estatal y luego impulsar la candidatura de su esposa, Liliana Ortiz, a la Presidencia Municipal de Puebla.
El terreno de los señalamientos y observaciones a las cuentas públicas de Rivera no es desconocido para el expresidente municipal, quien ya vivió una situación similar luego de su paso por la gestión 2011-2014, cuando fungió por primera vez al frente de la administración de la cuarta ciudad más importante del país.
Se supone que Rivera Pérez ya había aprendido de esta primera lección, en donde incluso tuvo que ampararse para no pisar la cárcel y luego de un largo proceso finalmente ganó la absolución ante los señalamientos de la ASE, en ese entonces encabezada por David Villanueva.
Rivera Pérez está contra las cuerdas, sin partido que lo pueda defender y enfrentando a una 4T, la cual no solo cuenta con muchos elementos para ir tras el exedil, sino también pronto tendrá los tribunales y el poder federal, para hacer prácticamente lo que les dé la gana.
