En medio del conflicto que se vive en la UAP –desde hace un mes— ha trascendido una versión, no confirmada, de que las tres casas de estudiantes antorchistas que hay en la capital del estado habrían sido entregadas por la Universidad Autónoma de Puebla en comodato a la organización Antorcha Campesina (AC) por un periodo de 30 años.
Antorcha Campesina tiene, desde hace varios años, tres inmuebles dedicados a albergar a poco más de 800 alumnos –en su mayoría universitarios–, que son conocidos como: Casa de Estudiantes Carmen Serdán, ubicada en la zona de La Laguna de San Baltazar; la Casa del Estudiante Serrano, que fue fundada en 1981 y se encuentra en la 5 poniente 317—; así como la Casa del estudiante Macuitl Xochitl, que está dedicada a escolares que cursan disciplinas de arte y cultura.
Es de dominio público la existencia de las casas de estudiantes antorchistas, pero se ignoraba que –al parecer— están bajo comodatos otorgados por la UAP.
Un comodato es una figura jurídica mediante la cual se otorga un bien no fungible –es decir que no se acaba con el uso— a un particular para que lo utilice gratuitamente para un fin específico y lo regrese, tal como se lo dieron, al propietario original al terminar un periodo estipulado en un contrato.
Por un ejercicio de transparencia es necesario plantearse varias preguntas sobre este asunto y buscar sus respuestas.
Sin duda la primera interrogante es: ¿Realmente existen esos comodatos de la UAP a favor de Antorcha Campesina?
¿En función de qué beneficio público se entregó a una sola organización política el manejo de esos tres inmuebles?
¿Cuáles fueron las administraciones rectorales de la Universidad Autónoma de Puebla que cedieron ante AC para concederle por tres décadas el uso de las casas en cuestión?
¿Qué otras canonjías se han otorgado a Antorcha Campesina desde la administración de la máxima casa de estudios?
Y una cuestión que es muy relevante: de ser cierto lo de los comodatos, ¿En qué momento los autorizó el Consejo Universitario de la UAP?, toda vez que un contrato de esa naturaleza debe ser sancionado por el máximo órgano de gobierno de la institución.
La versión que se ha difundido sobre el tema, no solo se dirige a señalar que esos comodatos han servido para que los inmuebles estén en posesión de AC, sino que es probable que existan también otros financiamientos de la UAP para garantizar la alimentación, el trasporte público y el amueblado de las casas, así como el mantenimiento de los edificios, a favor de los estudiantes que ahí habitan, que en su mayoría están matriculados en programas de licenciaturas de la máxima casa de estudios en el estado.
Y que los comodatos de las tres casas, de ser cierta la versión antes comentada, estarían a favor de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, que es la agrupación de AC que incide en las comunidades de educandos antorchistas que provienen de la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla, así como de los estados de Oaxaca y de Guerrero.
Sobre este asunto es pertinente hacer las siguientes anotaciones:
Es loable y necesario que sigan existiendo las casas de estudiantes a favor de alumnos que provienen de estratos sociales pobres, que no tiene la capacidad de solventar los gastos que implica cursar la educación superior y que es su única alternativa para poder formarse profesionalmente en la capital del estado.
Tampoco se cuestiona que los beneficiarios sean muchachos que militan en Antorcha Campesina, pues es un derecho constitucional la libertad de asociación.
Lo que no está justificado, es que dichos sitios queden bajo la tutela de una organización política, como es Antorcha Campesina, que ejerce un control corporativo sobre las comunidades en donde tiene presencia, lo que implica ejercer violencia, exclusión y hasta persecución contra quienes no son parte de sus filas.
En todo caso, las casas de estudiantes tendrían que estar en manos de los propios estudiantes, sin la intervención de intereses corporativos, políticos o religiosos. Como una manera de proteger la esencia de esos lugares que es: ofrecer educación superior a las clases sociales desprotegidas.
El que esas casas están bajo la tutela de AC acaba convirtiéndose en un acto de discriminación, ya que hay muchos estudiantes que no tienen alternativas para solventar los gastos de manutención que implica estudiar en la ciudad de Puebla y como no son militantes antorchistas, quedan marginados de los beneficios de dichos albergues, que son financiados con recursos públicos.
La forma de obtener las casas
Una forma clara de cómo obtiene AC esas casas de estudiantes, se narra en un documento oficial de dicha organización. Ahí se describe como Antorcha Campesina se hizo poseedora de la Casa del Estudiante Ignacio Manuel Altamirano, en Chilpancingo, Guerrero. Esta es la narración que escribió un redactor llamado Luis Herrera, el 4 de diciembre de 2024 y que se encuentra en la página del Movimiento Antorchista Nacional:
“A finales de los años 80, un grupo de estudiantes, apoyados por campesinos y colonos de Guerrero, inició una lucha que marcó un antes y un después en el acceso a la educación para los jóvenes de las regiones más marginadas del estado. Su objetivo era claro: garantizar un espacio digno donde los estudiantes foráneos y de escasos recursos pudieran vivir y estudiar sin las preocupaciones económicas que tantas veces truncaban sus sueños”.
“En 1987, con apenas 15 estudiantes, nació el proyecto de lo que hoy conocemos como la Casa de Estudiantes Ignacio Manuel Altamirano (CEIMA). En sus inicios, estos jóvenes pagaban la renta a través de cooperaciones. Con el tiempo y gracias a la perseverancia de esta comunidad, lograron que el gobierno asumiera los costos. En 1994, finalmente obtuvieron un comodato que oficializó la existencia de esta casa estudiantil, consolidando un espacio para los estudiantes más humildes de Guerrero”.
“La incorporación de la IMA a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) en 1999 marcó un antes y un después en su historia. Este respaldo organizativo, junto con el Movimiento Antorchista, permitió en 2018 iniciar la construcción de un moderno edificio en el centro de Chilpancingo, que hoy es mucho más que un albergue. Este espacio representa un modelo educativo integral, donde la dignidad y el desarrollo personal de los jóvenes son el eje central”.
“Durante estas tres décadas, la IMA ha albergado a cientos de estudiantes, brindándoles un hogar donde no solo se prepararon académicamente, sino también se formaron como ciudadanos comprometidos con el progreso de Guerrero. Este albergue ha sido testigo de historias de superación, esfuerzo y éxito que se traducen en una generación de profesionistas sensibles a las necesidades de su estado”.
