El pasado jueves, el diputado local representante del Distrito 18 con cabecera en Tecamachalco, Andrés Villegas Mendoza, presentó una polémica iniciativa, la cual, al menos así se dijo, busca proteger los derechos de los periodistas.
Fue Elvia Cruz, directora de MTP Noticias, la primera en referir que dicha ley tenía como fin, entre otras cosas, evitar que se hable de la vida privada de los personajes públicos, lo cual ya es en sí un contrasentido.
La ley también intenta regular la entrega de los convenios que el gobierno asigna a los diferentes medios de comunicación, solo por mencionar dos de estos puntos.
Desconozco cuál fue la intención de Villegas de presentar dicha iniciativa, él es experto en temas de seguridad, es un personaje cercano al secretario del área a nivel federal, Omar García Harfuch.
Dentro de toda la polémica generada por este tema, el cual se interpreta como una nueva “Ley Mordaza” para la prensa poblana, es importante que se hable del asunto y se analice jurídicamente los límites entre lo público y lo privado.
Este comentócrata lanza una primera pregunta: ¿tienen las personas públicas derecho a una vida privada? La respuesta es sí, aunque como lo marcan las propias jurisprudencias emitidas por la Supremas Corte de Justicia de la Nación, por su misma posición, tienen menor resistencia que las figuras no públicas.
Segunda pregunta: ¿los políticos son personas públicas? La respuesta es sí, por lo tanto, de acuerdo con lo determinado por la Suprema Corte en lo referente al Amparo Directo 3/2011, resuelto por el pleno el 30 de enero del 2013, en donde la justicia falló a favor de una conocida de Puebla, la periodista Lydia Cacho, tienen, reitero, menos resistencia que los particulares ante las intromisiones a los derechos de la personalidad asociada al ejercicio de la libertad de expresión.
Un punto fundamental que protege a los periodistas ante la intromisión en la vida privada de una figura pública es, y lo subrayo, “el interés público”, este punto es clave, de acuerdo con la Corte, para evitar que un personaje público se escude en el tema de su vida privada.
Veamos algunos ejemplos: la periodista Lydia Cacho escribió su libro “Los demonios del Edén”, en el que denuncia la participación de una red de pederastas encabezada por el fallecido Jean Succar Kuri, en la cual participaban contados empresarios y políticos de México y otros países.
Cacho fue demandada por la publicación del libro, lo cual le costó su detención ilegal en Puebla y que la postre aún mantiene al exgobernador Mario Marín en prisión domiciliaria, luego de haber estado tres años en diferentes centros penitenciarios.
La periodista hizo frente a las diferentes demandas presentadas por algunos actores mencionados, principalmente por el empresario Kamel Nacif, así como por la publicación de material gráfico; sin embargo, la Corte le otorgó el amparo definitivo a Cacho, generando jurisprudencia, porque determinó que era un caso de interés público.
Veamos otro ejemplo nacional, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y detonada por la periodista Carmen Aristegui el 9 de noviembre de 2014, en donde se dio a conocer que la entonces esposa del presidente Peña, Angélica Rivera, contaba con una vivienda de 86 millones de pesos de aquel entonces entregada por un contratista de la administración peñista, no se consideró como una intromisión a la vida privada de la entonces primera dama, porque el tema era de interés público.
Lo mismo ocurrió con la “Casa Gris” del hijo del expresidente López, José Ramón López Beltrán, quien alegaba que el descubrimiento de una casa que habitaba en 2022 en Houston, Texas, Estados Unidos, era una intromisión a su vida privada, sin embargo, no fue así, también por ser un tema de interés público.
Luego entonces, los personajes públicos no pueden escudarse en temas de vida privada, cuando el tema que aborde la investigación periodística es de interés público, más aquellos que tienen sus manos el manejo de recursos públicos, que no son de su propiedad sino de los impuestos que pagamos todos los mexicanos.
Mañana seguimos con este debate entre lo público y lo privado y lo interesante que sería la participación de periodistas, académicos y juristas en este tema.
Parkimovil se queda con los parquímetros en Puebla
Tal y como se esperaba, la empresa Parkimovil se quedó otros tres años más con la operación del sistema de parquímetros en la ciudad.
Hay que decirlo, la decisión del Ayuntamiento fue acertada, Parkimovil cuenta con la estructura suficiente y la experiencia para operar este sistema en la Angelópolis, ya que, de otra forma, sería comenzar de nuevo para la presente gestión.
Lo único que se puede alegar en contra de esta concesión y hay que decirlo, es el parentesco que existe entre el CEO de la empresa, Carlos Anaya y el secretario de Gobernación de la Comuna, Francisco Rodríguez Álvarez (Franco).
Como ya lo había señalado en una entrega anterior, Carlos es hijo de Guadalupe Rodríguez, hermana de Franco, de ahí el mote del “Tío”.
Rafa Cañedo y Julián Ventosa suman fuerzas en la Tropical Caliente
El empresario del sector inmobiliario y de la construcción Julián Ventosa Tanús (Grupo JV), está de regreso dentro de los medios de comunicación de Puebla, ahora a través de la sociedad que constituyó con su amigo, el también empresario, radiofónico, Rafael Cañedo Carrión.
Julián ya manejó, hace tiempo, la edición impresa de Milenio Puebla, bajo la dirección del experimentado periodista Fernando Alberto Crisanto.
Ahora incursiona dentro de las ondas hertzianas con todo su poder económico, para sumar fuerzas con Rafa en una asociación en donde Cañedo será presidente y Ventosa, vicepresidente.
La Tropical viene para competir con todo frente al resto de las opciones radiofónicas poblanas, que han venido a menos o que francamente sufren una crisis de credibilidad y de pérdida de audiencia, de la cual hablaré en otra entrega.
Enhorabuena para mis amigos Julián y Rafa.
