Hace unos días hubo una reunión entre representantes del gobierno federal y algunos de los alcaldes de la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de informarles el número de casas que le tocaría a cada municipio como parte del Plan Nacional de Vivienda y lo más importante, se les confirió a los ayuntamientos la responsabilidad de proponer –en el menor tiempo posible— los terrenos en donde habrán de asentarse los inmuebles de interés social.
A simple vista dicha disposición parecería algo normal, sin mayor complicación. Eso no es así, ese planteamiento implica graves riesgos que podrían llevar al fracaso, al desastre, el Plan Nacional de Vivienda.
El programa tiene un buen propósito que es dotar de un millón de viviendas populares a sectores de la población, como son madres solteras, personas de la tercera edad o jóvenes, que no son objeto de crédito o no tienen la prestación social que les permite comprar una casa.
O las personas que tienen derecho a un crédito del Infonavit, se les posibilitará adquirir una vivienda a un precio adecuado a sus bajos ingresos económicos.
Lo que se cuestiona es que se percibe una prisa excesiva de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de empezar a ejecutar el proyecto a finales del próximo mes de febrero y por esa razón, está confiando que muchas de las decisiones más importantes descansen en los alcaldes y los gobernadores. Lo que podría acabar siendo un yerro mayúsculo.
Por un lado, se entiende que se acelere la realización del programa por tratarse de un ambicioso proyecto de largo aliento, que se ejecutará a lo largo del sexenio y busca que, en 2025, se tengan terminadas las primeras 160 mil casas. Pero, por otro lado, esas carreras podrían ser un factor de fracaso.
Entre los gobernadores y los alcaldes que están siendo involucrados hay una enorme diversidad, pues hay autoridades bien intencionadas y responsables de sus actos. Pero también hay muchos servidores públicos corruptos, que no entienden nada de ordenamientos territoriales; que protegen y solapan vicios del sector inmobiliario; o que son improvisados, sin tener idea de cómo ejecutar de manera correcta un desarrollo de vivienda.
Tal situación plantea dos peligros:
Primero: por la premura de tiempo lleve a que se repita la misma anomalía que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los últimos 24 años, que es: llevar la construcción de las viviendas a las áreas más alejadas, en las periferias de los centros urbanos, en donde los servicios públicos son inexistentes o deficientes. Es decir, que no haya una planeación territorial.
Estos vicios, en mucho, han sido los causantes de que miles de casas de interés social en el estado de Puebla estén abandonadas por sus originales propietarios, pues siempre fueron conjuntos de viviendas sin agua potable y drenaje, sin transporte público, con malas vialidades, sin vigilancia y muchas veces asentadas en zonas de riego o alejadas de centros de trabajo, de escuelas y lugares de abasto.
Segundo: que muchos gobernantes vean la oportunidad para hacer negocios con el suelo, con proveedores de servicios y con los sindicatos de la construcción. Además de que no se cuide la protección ambiental.
A lo largo de las últimas semanas, Octavio Romero, el director general del Infonavit, ha realizado una excepcional exposición de todos los abusos, los fraudes y fracasos que se han cometido con los programas de viviendas de interés social. Es la primera vez que se toca el tema con la debida profundidad.
Pero ahora, por la manera en que se quiere arrancar el Programa Nacional de Vivienda se corre el peligro de que el Infonavit y la Sedatu “acaben tropezando con la misma piedra”. Que cometan los mismos yerros de anteriores gobiernos del PRI y el PAN.
