Luego de la época decembrina en que el mandatario Alejandro Armenta Mier dio forma a su gobierno y dedicó la mayor parte del tiempo a actividades festivas propias de la temporada, ahora se plantean –por lo menos— tres retos urgentes que el titular del Poder Ejecutivo tendrá que ofrecer resultados a lo largo de este año y que son: la crisis hídrica que se vive en Puebla; la creciente inseguridad pública y la corrupción que agobia al aparato de justicia; y la quiebra del ISSSTEP, junto con la mala calidad de los servicios públicos de salud en la entidad.
Son tres asuntos que están presentes en los proyectos y preocupaciones mostradas por el mandatario –que está cumpliendo su cuarta semana en el poder–; pero también son temas recurrentes que se han planteado en los gobiernos de los últimos 20 años y hasta ahora son problemas que no encuentran solución, sino por el contrario están escalando a niveles cada vez graves.
Y la solución pasa por la capacidad que debe tener el nuevo gobierno de escuchar y atender a movimiento sociales, a especialistas en esos temas, a grupos de pobladores que no son parte de las elites económicas y políticas de estado. De lo contrario, si no mejora la capacidad de diálogo, el Poder Ejecutivo una vez más se perderá en la soberbia y la autocracia que se ha observado a lo largo del presente siglo.
No mejorar la seguridad, solo estadísticas
Uno de los graves defectos de los últimos gobiernos es siempre querer engañar a la opinión pública usando datos estadísticos para decir que la seguridad pública está mejorando, cuando la población percibe todo lo contrario, por sufrir –a diario— altas dosis de violencia en cualquier parte del estado.
Un segundo engaño es desplegar la justificación de que las ejecuciones, enfrentamientos armados y mensajes violentos en la vía pública, es algo que no afecta a la población, que son disputas que únicamente conciernen a grupos del crimen organizado.
Si el gobierno de Alejandro Armenta quiere realmente frenar el fuerte deterioro de la seguridad pública, es fundamental que se combata la corrupción que ha permitido la llamada “venta de plazas” en el estado y que es resultado del contubernio entre autoridades y organizaciones criminales.
Para nadie es un secreto el dominio que el Cártel Jalisco Nueva Generación que tiene del robo de hidrocarburos, que la banda de los “Sinaloas” mueve las extorsiones y el narcomenudeo, mientras que “Los Rojos” han convertido a la Mixteca poblana en su coto de poder.
Asimismo, que hay zonas del estado que son de exclusión en donde no entran las fuerzas castrenses y las corporaciones de seguridad pública. Como son varias regiones del llamado Triangulo Rojo, entre ellos el municipio de Quecholac.
Todo eso ocurre no en estricto sentido por el ingenio y audacia de los grupos criminales, sino porque autoridades –de los tres niveles de gobierno— se han corrompido frente al poder económico del hampa.
Si no se combate esa relación perversa entre delincuentes y servidores públicos, la violencia seguirá siendo parte de la cotidianidad de los habitantes del estado. O dicho de otra manera, urge una depuración de los mandos de la Policía Estatal, de varias policías municipales e incluso de la Guardia Nacional.
Esa corrupción también pasa por dos mafias incrustas del Poder Judicial de Puebla que permite a jueces vender sus sentencias al mejor postor.
El gobernador Alejandro Armenta ya logró colocar en el Poder Judicial a dos magistrados que son parte de su grupo político: Fredy Erazo Juárez y Martín Fuentes Morales. Ambos son de su entera confianza. Sin embargo, hay dos preguntas que todo mundo se hace en el Tribunal Superior de Justicia, que son:
¿Los dos magistrados armentistas van a lograr vencer a la mafia de jueces?
O ¿solo harán que los togados corruptos ajusten su comportamiento a los intereses del grupo político en el poder?
El agua, la gran decepción de la 4T
Cuando Rafael Moreno Valle Rosas era gobernador de Puebla y en 2014 decidió privatizar el agua en la capital, nunca se imaginó que futuros gobiernos surgidos de la izquierda iban a ser los defensores de sus intereses. Incluso que iban a ser mejores aliados que la clase política del PAN.
Durante el sexenio anterior los gobiernos de la 4T se convirtieron en los “escuderos” de los abusos de la empresa Concesiones Integrales, encargada de la privatización del agua, pues permitieron consolidar a esta compañía y se pusieron en contra de los derechos de los usuarios.
Ahora uno de los retos mayúsculos del gobierno de Armenta será atender la crisis hídrica de Puebla que se observa en tres aspectos: un desbordado malestar social contra Concesiones Integrales, que se traduce en que seis de cada diez poblanos manifiestan sentirse insatisfechos con los servicios de agua potable, de acuerdo con una medición del Inegi.
Una escasez cada vez más severa de agua en diferentes regiones del estado y la falta de una política pública para proteger las reservas del líquido, que son objeto de una abusiva explotación de empresas privadas, bajo la protección oficial.
Y un intento de sanear los ríos contaminados de Puebla, utilizando las mismas fórmulas que no funcionaron en el pasado, que implica no tocar los intereses de empresas privadas que son las principales causantes de la polución.
Pasando por Concesiones Integrales, compañía a la que se le ha solapado que cobre fraudulentamente a los usuarios el servicio de saneamiento y al mismo tiempo, contribuya a la contaminación de ríos al no tratar las aguas residuales.
La tragedia sanitaria
A lo largo de los últimos 20 años, se han experimentado dos reformas al servicio de pensiones del ISSSTEP, la institución de seguridad social en el estado, y aun así el organismo sigue quebrado. Actualmente hay maestros que han aplazado hasta tres años su retiro de la vida laboral por ese conflicto.
El problema de fondo es que nunca se ha investigado y sancionado a los servidores públicos que han provocado los quebrantos del ISSSTEP que, para variar, nuevamente requiere una profunda reforma.
Lo mismo pasa con los servicios públicos de salud en el estado. Cada gobierno ofrece un cambio, terminar con la corrupción, dar eficiencia a la atención médica y la dotación de medicamentos. Al final, nada se modifica y se vive una crisis cada vez más aguda en los hospitales dependientes del gobierno estatal.
