Si la presencia de decenas de parientes en el Poder Judicial poblano es algo cuestionable, es más escandaloso que una pareja de esposos sea al igual funcionarios de un mismo órgano jurisdiccional y desde su posición de cónyuges, controlen todo lo que ocurre en el Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil del distrito judicial de Puebla. Todo eso pasa sin que nadie observe que es una clara violación a las normas que regulan al aparato de aplicación de la justicia.
De acuerdo con información que han difundido abogados y personal del juzgado en cuestión, la situación es la siguiente:
Se trata de Adriana Vianey Sánchez Ramos y Víctor Campos Maurno que, durante el rectorado de José Alfonso Esparza Ortiz, se titularon como abogados, notarios y actuarios por la Universidad Autónoma de Puebla. Ahora, ambos laboran en el Juzgado Sexto Especializado en Materia Mercantil.
Adriana Vianey Sánchez es la secretaria de Acuerdos del juzgado mencionado y Víctor Campos es escribiente, aunque a decir de los que han narrado lo que ahí ocurre dicen que él actúa como si también fuera secretario de Acuerdos.
En los perfiles de Facebook de ambos, pese a que están restringidos, se les observa siempre presentarse en fotos abrazados. En el sitio de él se lee: “En una relación con Adriana Vianey Sánchez Ramos”. Y en el espacio de ella se apunta: “MI AMOR VICTOR MAURNO”.
Hay otro sitio más revelador, el del usuario Juan Carlos Pasaran Gaudy, que el 16 de diciembre de 2023 narró con singular alegría la unión matrimonial de los dos funcionarios del juzgado, de la siguiente manera: “Se llegó el día, la boda de Vianey & Maurno Víctor. Noche especial para una bonita pareja. Hoy compartiendo escenario con un excelente grupo, Show Candela…”. La unión se realizó en el hotel Yekkan de Huauchinango.
Desde luego lo que pasa en el ámbito sentimental de dos personas y en sus redes sociales es algo estrictamente privado, del ámbito personal, a excepción de que, si ambos siendo esposos laboran en un mismo juzgado, que es una situación estrictamente prohibida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla, en el artículo 116, que dice:
“No pueden ser personas servidoras públicas de un mismo Órgano Jurisdiccional o unidad administrativa los cónyuges, concubinos, quienes estén ligados por parentesco consanguíneo en línea recta sin límite de grado o colateral hasta el cuarto grado, o por parentesco por afinidad, hasta el segundo”.
Desde luego que es grave que no se observe la ley, pero más grave es lo que ocurre en la práctica.
Narran abogados y trabajadores del Poder Judicial, que Luis Sánchez Vázquez, el titular del Juzgado Sexto Mercantil, ha depositado todo el control del órgano en el matrimonio Sánchez Ramos y Campos Maurno.
Se dice que esa situación ha convertido al juzgado en “un infierno” para litigantes y funcionarios judiciales, debido a que todo lo que ahí ocurre se estaría acoplando a los intereses particulares de este matrimonio.
Y entonces estaría ocurriendo lo de muchos juzgados, se habría desarrollado “un negocio” en el que todos los abogados si quieren que les vaya bien en sus asuntos o estos se resuelvan lo antes posible, tendrían que “quedar bien” con quienes “mueven los hilos” en dicho órgano.
En ese tipo de juzgados los asuntos, por lo general, tienen como característica ser litigios en los que están implicadas fuertes sumas de dinero o bienes inmuebles de muy alto valor. Por tanto, quien hacen negocios ahí vendiendo la justicia, logra beneficios de acuerdo con el tamaño de los intereses que están en juego.
Lo más cuestionable de esta historia, es lo siguiente:
El artículo 116 –de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla– se introdujo a raíz de que empezaron los escándalos que han exhibido que quienes manejan el Poder Judicial en México, en el ámbito federal y en los estados, son cotos de familias influyentes, particularmente de ministros y magistrados que colocan a hijos, esposas, amantes, hermanos, tíos, novios, sobrinos y hasta cuñados y suegros, en plazas de todo tipo –incluidas las de jueces—como muestra de nepotismo y autoritarismo.
Por eso la justicia en el país es una porquería y siempre, se vende al mejor postor, que por lo general son los delincuentes, así como actores de mucha influencia en el poder político y económico, además de los prelados católicos, de este país. Por eso gozan de impunidad los curas pederastas, los funcionarios corruptos y los miembros del crimen organizado, por decir algunos ejemplos.
Lo que pasa en el Juzgado Sexto Mercantil obligaba al juez Luis Sánchez Vázquez a pedir que la pareja de Víctor Campos y Adriana Sánchez fueran separados de lugar de trabajo al momento de volverse esposos.
Aunque es más cuestionable es que esta situación esté siendo tolerada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial poblano, lo que pone en evidencia, una vez más, de que es un órgano que no ha servido –en nada—para mejorar la justicia en Puebla.
