La 4T poblana pisa cada vez más un terreno fangoso con su obsesiva protección a los intereses de Concesiones Integrales (CI), pese al creciente malestar social contra la empresa y lo que ha implicado privatizar el agua potable. Eso necesariamente va a llevar a Morena y sus aliados a pagar un alto costo electoral, en el mediano o largo plazo, que podría poner en riesgo la permanencia en el poder de las fuerzas políticas de izquierda.
La última comparecencia, en el Congreso local, de los directivos de CI y del SOAPAP, Héctor Durán y Gustavo Gaytán, respectivamente, no fue un hecho rutinario o intrascendente. No se trató de una reunión tersa como muchos interpretaron el resultado de dicho encuentro realizado el miércoles de esta semana. Por el contrario, lo acontecido arroja algunas luces de la ruta que tomara el asunto de el agua potable.
Para empezar la actitud acrítica que los diputados de Morena mostraron hacia la información proporcionada por la dupla de Durán y Gaytán, así como el desinterés de la 4T al grave problema del mal servicio de agua potable, del fraude que se comete con el saneamiento de las descargas residuales y los abusos en los cobros de CI, arroja una conclusión muy clara:
El próximo gobierno estatal, que arranca el 15 de diciembre entrante, y los diputados locales de Morena, que iniciaron sus labores en septiembre pasado y son encabezados por Laura Artemisa García Chávez, no van a mover ni un ápice del abusivo manejo del servicio de agua potable, sin importarle los agravios que provocan a los poco más de 400 mil usuarios.
Se seguirá con el juego perverso –que ha dominado los últimos seis años– de que el Congreso opera algunos cambios a las condiciones con que funciona Concesiones Integrales, para supuestamente mostrar preocupación en el tema, pero al fina se mantiene intacto el sistema de abusos que utiliza CI. Es decir, se recurre a un gatopardismo: se modifican las cosas, para que todo quede igual.
Y una segunda perversidad es seguir con esta narrativa de que echar abajo el contrato de la concesión implica pagar más de 7 mil millones de pesos a CI, como parte de una penalización contenida en las condiciones legales que regulan la relación entre el Poder Legislativo y la empresa.
No en balde, la única participación relevante –en la comparecencia en cuestión– de un legislador de la 4T fue la del exsecretario de Gobernación Julio Huerta, quien insistió ante Gaytán y Durán que se planteara el costo de cancelar la concesión.
Los ponentes dieron la cifra de 7 mil millones de pesos, sin explicar por qué en el transcurso del sexenio que está por concluir dicha cantidad llegó a ese monto, luego de que originalmente se habían planteado 3 mil millones de pesos.
Al final lo que queda claro es que la 4T está renunciando, en un claro contubernio con la empresa CI, a revisar el cumplimento de las condiciones legales y técnicas del contrato de concesión.
Expertos en la materia han establecido con puntualidad que si se logra demostrar que Concesiones Integrales no ha solventado sus responsabilidades –lo cual es evidente que ha ocurrido de manera persistente en los últimos 10 años–, se le puede cancelar el contrato sin pagarle alguna penalización y al revés, se le puede exigir a CI que resarza el daño económico que ha cometido contra los usuarios, a quienes les ha cobrado el saneamiento de las aguas residuales sin cumplir con dicho proceso de limpieza.
Un segundo aspecto que quedó claro en la comparecencia del miércoles es que los papeles se han invertido totalmente.
Los diputados de la 4T mostraron un oprobioso comportamiento en la sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal al no hacer la más mínima crítica a CI. Se portaron como antes lo hacían los legisladores del PAN, que debían mostrarse ausentes de toda crítica a la abusiva privatización del agua que impuso el extinto exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
En cambio, ahora las voces críticas y valientes correspondieron a las diputadas Delfina Pozos y Fedrha Suriano, del PRI y MC, respectivamente. Situación que, si sus partidos políticos saben retomar, es un asunto que les podría generar simpatías y votos rumbo a los dos procesos electorales que se avecinan en 2027 y 2030.
Y quien también intervino, siempre con un comportamiento timorato, fue el diputado del PAN, Rafael Micalco Méndez. No tuvo el nivel de crítica que las legisladoras Pozos y Suriano, pero ya es notorio que el panismo estaría dejando de actuar como comparsa de CI.
Eso lleva a una conclusión: aunque el panismo fue el que privatizó el agua, frenar ese proceso está solamente en la cancha de la 4T y resulta que ahora los gobiernos y los diputados morenistas son los defensores de los abusos de Concesiones Integrales. Ese cambio de papeles le va a pasar la factura a Morena y sus aliados en las siguientes elecciones.
Ya no está Andrés Manuel López Obrador para salvar a los partidos de las 4T de las posibles derrotas en las urnas
