Hace cinco años los legisladores de la 4T traicionaron a sus propios principios ideológicos y dejaron a Puebla sin una política pública en materia de derechos humanos. Ahora es necesario exigirles a los recién estrenados diputados de Morena que no vuelvan a cometer el mismo dislate. De los que 14 aspirantes que se registraron para ser el próximo ombudsman del estado, solamente tres tienen la experiencia como luchadores a favor de las libertades, los conocimientos en la materia y una conducta ética. Ellos son: Luis Armando Soriano Peregrina, María Elena Guerrero Flores y Marco Antonio Moreno Rosado.
Sin duda es necesario hacer una mención honorifica de María Luisa Núñez Barojas, del colectivo Voz de los Desaparecidos. Aunque con ella la dificultad que habría es que carecer de conocimientos jurídicos y experiencia administrativa que se necesita para encabezar la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Puebla (CDH), que es un organismo sin credibilidad y sin rumbo, como resultado de la gestión de José Félix Cerezo Vélez, el ombudsman que los diputados de la 4T impusieron hace un lustro.
Los otros 11 aspirantes son burócratas y políticos que solo buscan “una chamba”, pues son ajenos al tema de la defensa de los derechos humanos. E incluso varios de ellos representan la corrupción y los abusos de poder, sin contar que hay dos casos de protectores de miembros del crimen organizado.
Sobre esta disección de la lista de aspirantes, los diputados de la 4T deberían tomar nota de los siguiente:
La lista de 11 candidatos sin el perfil necesario para ser ombudsman es un reflejo de la falta de decoro, de autoridad, de trabajo efectivo de la CDH. Y esa crisis es responsabilidad de Morena que, en noviembre de 2019, decidió prolongar la ausencia de una política de derechos humanos que se venía arrastrando desde 8 años atrás con el morenovallismo.
Y también tienen que entender los políticos de la 4T, que en el país hay una crisis como nunca de violencia, de falta de respeto a la vida y de impunidad en todos los órdenes de la vida pública. Por eso urge un organismo que defienda a los ciudadanos de los abusos del poder y que establezca campañas de promoción de los derechos humanos.
A partir de tales criterios, es fundamental entender que la presidencia de la CDH quedaría en buenas manos con alguno de los siguientes aspirantes:
Luis Armando Soriano Peregrina fue un perseguido político del morenovallismo por atreverse a defender y ganar litigios de trabajadores del gobierno del estado que habían sido despedidos injustamente. A partir de su experiencia, se ha convertido en el principal divulgador de los temas de derechos humanos en el estado de Puebla.
Soriano tiene el mérito de haber creado la Comisión de Búsqueda en el estado, cuando estuvo de paso en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo. Además de ser un abogado especializado en la defensa de las garantías individuales.
Otros méritos: nunca ha protagonizado escándalos de corrupción o de abusos de poder. Por el contrario, su vida es modesta y siempre ha sido un congruente activista de la 4T. Más allá esas características, es identificado por organizaciones nacionales e internacionales como el principal defensor de los derechos humanos en el estado de Puebla.
María Elena Guerrero Flores es una especialista en bioética y en derechos humanos. Es reconocida por su labor en muchas universidades públicas y privadas de Puebla y en otros estados, así como en colegios y asociaciones de médicos, abogados y especialistas en políticas públicas. No está ligada a ningún partido y mucho menos a un grupo de poder político.
Marco Antonio Moreno Rosado es una de las figuras más emblemáticas en el estado de Puebla en la defensa de la diversidad sexual, en una época en que la derecha sigue cultivando campañas de odio y discriminación. Él es fundador del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Los tres anteriores aspirantes han desarrollado su labor pese al peligro que implica en México ser defensor de los derechos humanos, del medio ambiente o de los temas de género. Cada uno de ellos en su ámbito han sorteado la represión policiaca, la misoginia y la homofobia.
Los que sería un escándalo elegirlos
Hay dos aspirantes de las que se especula que podrían ser las cartas del gobernador electo Alejandro Armenta Mier. Son los casos de las abogadas: Rosa Isela Sánchez Soya y Blanca Laura Oliver Palacios.
Hay que empezar de lo menos peor a lo más grave, con las siguientes observaciones:
Rosa Isela Sánchez promociona talleres light de derechos humanos, a pequeños grupos de abogados. Su único mérito es su cercanía al grupo de Alejandro Armenta. Si se quiere que la CDH siga en el marasmo, ella sería la candidata idónea.
Lo que si acabaría siendo un escandalo brutal es que se nombrara como ombudsman a la juez Blanca Laura Oliver Palacios, que basa sus expectativas en que un pariente es cercano al equipo político de Alejandro Armenta. Pero eso no es lo cuestionable, sino que la togada ha estado involucrada en dos terribles escándalos:
Uno de ellos es que, en su momento, desde el gobierno del estado se le señaló de haber liberado a cuatro integrantes de la banda de Marco Antonio N, alias “El Negro”, que fue identificado como el principal controlador del narcomenudeo en la capital. La juez se tuvo que amparar para no ser procesada por este asunto.
El segundo escándalo fue el acoso que la juez ejerció contra el litigante Christian Arellano, a quien despectivamente le decía: “abogadito pendejo” y en una ocasión, lo amenazó con dejarlo encerrado en Ciudad Judicial, solo porque no le convenía la defensa que llevaba en algunos litigios.
Pero todavía sería un mayor escándalo el caso del abogado Gabriel Hernández Campos que, tiene la peculiaridad de que es el defensor de los hermanos Tiro Moranchel, los autores de la más grande estafa financiera del estado de Puebla que provocó la desgracia de cientos de personas que perdieron sus ahorros de toda la vida y que 10 años después de que encarcelaron a los criminales –según las sentencias en su contra–, es la fecha que esos fondos económicos siguen “perdidos”.
Otro caso es la activista Mónica Roldán Reyes que ha sido abogada de un destacado personaje del Triangulo Rojo, que ha incursionado en la política y que este columnista no menciona por su nombre porque ha amenazado con meter a la cárcel a los periodistas que citen el parte oficial de la Fiscalía General del Estado que lo señala de ser presuntamente la cabeza de una red de robo de combustible.
También sería un retroceso para los derechos humanos en Puebla que los diputados tomaran en cuenta a José Félix Cerezo Vélez y a Edson Humberto Lucas Benítez, que tuvieron el cinismo de inscribirse luego de que en su calidad de presidente y de visitador, respectivamente, hundieron a la CDH en un organismo de “ornato”, que no toca ni “con el pétalo de una rosa” al gobierno del estado.
En la lista de aspirantes a encabezar la CDH hay cuatro casos de “busca chambas”. Ellos son:
Raquel Medel Valencia que se ha desempeñado como subsecreatria de Prevención del Delito y es claro que ha fracasado, solo hay que ver la última encuesta del INEGI en percepción de inseguridad y resulta que el municipio de Puebla está peor que Acapulco, Culiacán y Guanajuato, que se supone son ciudades más violentas. Además, esta abogada habría estado involucrada en un “escandalito” de cursos falsos.
Félix Ramos Montaño tiene como única carta de presentación de que es hermano de Francisco Ramos Montaño, el ex operador político del senador Ignacio Mier Velazco y en el reciente proceso electoral, se pasó al bando de Alejandro Armenta.
Jesé de Jesús Aguilar Carrasco y Juan Manuel Chi Carrera son dos abogados sin ningún mérito en la defensa de los derechos humanos.
