Una “prueba de fuego” para la 4T poblana será la forma y la persona que se elija para fungir como el próximo ombudsman del estado, pues ese acto demostrará si hay un verdadero ánimo y compromiso de respetar los derechos humanos en el siguiente sexenio, o solamente se buscará guardar las apariencias, tal como ha ocurrido en los últimos seis años en que Morena llegó al poder.
Una característica del Poder Ejecutivo de Puebla es que, en los últimos 13 años, primero bajo gobiernos del PAN y luego de Morena, se ha utilizado el encarcelamiento como forma habitual de venganza política, para torturar voces críticas e intentar aplacar movimientos sociales. Frente a estos hechos los directivos de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) han sido cómplices del uso abusivo y faccioso del aparato de procuración de justicia.
El periodo del actual presidente de la comisión vence en el último trimestre del año y el Congreso del estado ha anunciado que emitirá una convocatoria para elegir al nuevo ombudsman, es decir “el protector del pueblo”. Por esa razón, el actual titular de la CDH, José Félix Cerezo Vélez, no será ratificado en el cargo –tal como él lo quería–, pero si se le permitirá postularse como aspirante al cargo.
Sería un grave retroceso para la defensa de los derechos humanos en el estado que la 4T vuelva a imponer a José Félix Cerezo en el mismo puesto, ya que en los últimos 6 años este personaje sólo se destacó se apegarse a los mandatos del Poder Ejecutivo y convirtió a la CDH en “un organismo invisible e inservible”.
O dicho de otra manera, el ombudsman solapó todas las arbitrariedades de la Fiscalía General del Estado, de los cuerpos policiacos y del mismo Poder Ejecutivo.
No solamente se trata de cerrarle el paso a Félix Cerezo, sino también a su estrategia tramposa de poner a su sucesor, en la figura de Jessica Calderón García, una de las principales visitadoras de la CDH, que tenía como labor hacer que la comisión no sirviera para nada.
El comportamiento perverso que se siguió en la CDH era hacer recomendaciones en contra de ayuntamiento y de algunos penales. Es decir, solo se dirigía el trabajo contra actores políticos menores y nunca, ni por accidente, se tocó al gobierno del estado.
En fechas recientes, Félix Cerezo jugó a la política electoral al promover un recurso de inconstitucionalidad contra el cobro de los parquímetros en la capital, como una manera de dañar la imagen de Eduardo Rivera Pérez, quien –como edil de la ciudad de Puebla—tuvo la mala idea de colocar esos aparatos en las calles del Centro Histórico y en este año fue el candidato opositor a la gubernatura, empresa en la que fracasó.
El ombudsman jugó a atacar a Eduardo Rivera para congraciarse con la 4T y buscar que se le tome en cuenta en la renovación de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.
Urge una renovación total
Ahora, no solamente se trata de cerrarle el paso a José Félix Cerezo, sino de evitar que se use a la CDH como un espacio para cederle el cargo a algún personaje con el que se tenga un compromiso político de darle empleo por su colaboración a favor de la 4T en el reciente proceso electoral.
Lo que se debe buscar es designar a un ombudsman que le regrese el carácter autónomo y combativo, que si tuvo la CDH cuando se creó en el sexenio del entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz y en su desempeño en una parte del periodo gubernamental del ex mandatario Melquiades Morales Flores.
Durante los gobiernos de Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle Rosas la CDH sufrió su peor degradación ya que, en lugar de denunciar los abusos contra las garantías individuales, los entonces presidentes del organismo se dedicaron a violar ellos mismos los derechos humanos de los trabajadores de la comisión.
En el periodo de José Manuel Cándido Flores Mendoza se desató un acoso laboral contra integrantes de la CDH, lo que exhibió la misoginia del ombudsman de la época del sexenio marinista.
Más tarde, durante el morenovallismo, llegó a la presidencia de la comisión Adolfo López Badillo, quien empezó con la labor de “invisibilizar” a la CDH. Se destacó porque nunca “movió un dedo” en torno a la lista de más de 300 presos y perseguidos políticos que provocó el gobierno del PAN.
Por el contrario, López Badillo se dedicó a hacer una purga del personal del organismo al que marginaba o corría porque no le gustaba su forma de hablar, de vestir e incluso por tener sobrepeso.
Si el próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quiera dar una muestra de que, si cree y quiere poner en práctica los postulados de la 4T, deberá buscar que la CDH sea realmente una instancia protectora de los ciudadanos frente a los abusos de la cualquier autoridad local.
De lo contrario, quedará claro que sólo abrazó el ideario de la 4T como propaganda política y que va a jugar al “gatopardismo”, que es cambiar todo, para que todo acabe quedando igual.
