A partir de este martes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se retira de la vida pública del país y la 4T en Puebla entra en una etapa compleja y de mucho riesgo de desdibujarse del movimiento obradorista, que fue el motor generador de miles de votos en las tres últimas elecciones a favor de Morena y sus aliados, lo que permitió que ganaran decenas de candidatos a cargos de elección popular que no tienen ninguna identidad con esta corriente política y que muchos de ellos, representan los viejos vicios del PRI.
A lo largo de los últimos seis años la popularidad del presidente López Obrador y la fuerza de la marca Morena, es lo que sacó a flote a la 4T de Puebla y por esa razón, se ha mantenido en el poder, pese al fuerte tropiezo electoral de 2021, en que perdió la mayoría de los gobiernos de la zona metropolitana de la capital.
En el sexenio que está por concluir, los gobiernos locales de la 4T ofrecieron pobres resultados en todos los rubros: carencia de proyectos de obra pública relevantes, nulos avances en el combate a la inseguridad y la corrupción, ausencia de una política social para favorecer a las clases populares y un total alejamiento de movimientos sociales, de causas ambientalistas y de colectivos que pugnan por una sociedad con mejores derechos civiles.
En ese diagnóstico se debe agregar una larga lista de alcaldes corruptos e ineficientes; dos legislaturas locales cuyos diputados impusieron agendas conservadoras y actuaron apegados estrictamente al mandato de los gobernadores en turno, Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sin que se permitiera el debate, la discusión, del quehacer del Congreso local.
Lo salvable –en este periodo de 2018 a 2024– de la 4T fue todo aquello que se impulsó desde el Gobierno de la República y por el papel decoroso de unos pocos alcaldes y diputados locales y federales.
A la par se debe agregar, que un factor externo que favoreció a Morena y sus aliados fue una extrema debilidad del PAN y el PRI, con dirigentes que no supieron asumir un papel de oposición fuerte y crítica.
Por eso surge la duda: ¿la 4T en Puebla tiene la capacidad de sobrevivir electoralmente ante el retiro de AMLO de la vida pública?
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, tiene a su favor un bono democrático que plantea un alto margen de esperanza de que van a mejorar las condiciones del país y del estado, en el sexenio que está por iniciar. El 75 por ciento de la población –según dio a conocer este domingo De las Heras, una de las encuestadoras más importantes de México— cree que vienen tiempos mejores en la vida pública de la República Mexicana
Pero ese mismo optimismo no se puede compartir a nivel de los gobiernos municipales de Puebla, en donde más de la mitad de los ediles ganadores –en los comicios del 2 de junio—de los municipios más importantes son resultado de desprendimientos del PRI, del PAN, el PRD y del PVEM. Y en algunos casos, son ampliaciones de cacicazgos, como por ejemplo Carlos Barragán Amador que va a ser alcalde de Xicotepec de Juárez por tercera vez, luego de que ya lo había sido un par de veces por el tricolor.
O en el violento Amozoc, que tiene los más altos índices delictivos en la zona del Triangulo Rojo, y ahí por un tercer periodo consecutivo va a seguir gobernado la familia De la Rosa, que está vinculada a la iglesia de la Luz del Mundo.
¿Qué tiene que hacer la 4T en Puebla para sobrevivir a la nueva etapa de la vida nacional sin AMLO?
Por lo menos hay cinco aspectos que deben cubrirse:
Primero: tiene que haber un combate a la corrupción. No pueden quedar impunes algunos alcaldes como Pedro Tepole de Tehuacán o Irene Olea Torres de Izúcar de Matamoros que dejan sus municipios con crisis en los servicios públicos, en la seguridad y las finanzas. Si no hay castigo para los ediles que fueron autores de escándalos de corrupción y abusos de autoridad, los nuevos titulares de los ayuntamientos van a partir de la idea de que por ser de Morena y sus aliados tienen licencia para cometer excesos y delinquir.
Segundo: es prioritario que haya resultados en materia de seguridad pública. Pero una mejora que la perciba la población y no las estadísticas oficiales, que solo maquillan las cifras y mienten sobre los comportamientos delictivo. Como el bulo gubernamental de que se había combatido el robo de combustible, cuando esa actividad ilícita sigue generando una estela de ejecuciones en todo el territorio de la entidad.
Tercero: Morena tiene que dejar de ser un partido “muerto”, que solo revive en épocas electorales. Esta fuerza política tiene que ser un ente critico y vigilante de los gobiernos de la 4T, para denunciar y exigir que se corrijan las malas decisiones de alcaldes, legisladores, funcionarios públicos y del gobernador. Además de participar en los procesos de opinión pública.
Cuarto: el gobernador Alejandro Armenta y los diputados locales tienen que ser sensibles a lo que causa malestar en la población, como es la privatización del agua y el uso abusivo del liquido por empresas privadas. También frente a la destrucción de recursos naturales y la crisis de las familias campesinas.
Quinto: dejar de usar los presupuestos de obras públicas para excentricidades o para robar, como es la construcción de una nueva sede del Congreso local de 800 millones de pesos que solo beneficia a una minoría: que son 41 legisladores locales.
